El sindicato UGT ha criticado la limitación del Gobierno de Extremadura del derecho a percibir la Renta Básica porque la restringe «de forma coercitiva» al «imponer» convocatorias para la misma.
El Gobierno extremeño, indica el sindicato, en la tercera regulación en 15 meses y «con la excusa de agilizar el procedimiento de concesión» de la Renta Básica de Inserción, «vuelve a intentar recortar el ejercicio del derecho subjetivo».
El recorte a unos ingresos que sirven «para cubrir las necesidades básicas de los ciudadanos extremeños» mientras se mantenga «su situación de penuria perentoria y garantizar un mínimo vital», según ha informado UGT.
Asimismo, el Decreto Ley 4/2014 publicado en el DOE este pasado viernes, día 29 de agosto, «y que se ha elaborado sin la más mínima concesión al consenso social ni político», ese «al que tanto apeló la nueva consejera de Empleo, Mujer y Políticas Sociales en su nombramiento y del que parece haberse olvidado a las primeras de cambio», ha sido analizado.
UGT Extremadura ha criticado, tras este análisis, «una nueva vuelta de tuerca en la regulación de este derecho», ya que en la práctica esta prestación, concebida como «subjetiva», se convierte «en una mera subvención sujeta a la preceptiva convocatoria al albur de los intereses políticos del gobernante de turno» y sujeta a las disponibilidades presupuestarias.
Las situaciones de necesidad que debe proteger la renta básica «no son eventuales, ni esporádicas, ni pueden estar sujetas a un calendario porque se restringe y somete de esta burda manera» el ejercicio de un derecho a la voluntad política del Gobierno.
Asimismo, «de forma torticera se quiere compensar una menor carga administrativa en las solicitudes» que habían impedido hasta ahora la aplicación práctica de esta prestación con una limitación de presentaciones «a todas luces».
RENTA BÁSICA GARANTIZADA
De igual modo, desde UGT apuestan por una renta básica garantizada, definida «como derecho subjetivo y por tanto exigible sin que pueda condicionarse a calendarios ni a disponibilidades presupuestarias».
En este sentido, las personas que reúnan los requisitos que se establecen en la norma tendrán derecho a percibirla «y la Junta de Extremadura está obligada a concedérsela» porque no es de recibo, después de año y medio de su aprobación, «el intentar desvirtuar su naturaleza» con la imposición de plazos.
El objetivo de esta renta, «no es un parche para callar bocas», sino para cubrir «la falta de ingresos económicos suficientes para hacer frente al estado de necesidad y de pobreza en que se encuentre la persona» y el núcleo familiar/ de convivencia.
UGT ha demandado de los grupos políticos presentes en la Asamblea su compromiso con este derecho a la hora de apoyar la convalidación de este Decreto Ley que, a su entender, «desnaturaliza el espíritu originario de la ley».
También ha reivindicado la necesidad de convocar «urgentemente la Comisión Regional de Seguimiento» para evaluar los cambios introducidos en la norma «sin el preceptivo y necesario consenso social».
