CCOO ha reclamado al Gobierno regional que corrija el Decreto de Incentivos Autonómicos Empresariales que se publicó el pasado 23 de octubre porque contradice lo acordado en Estrategia Industrial de Extremadura, que el propio presidente Monago firmó escasos días atrás, y establece desigualdades perjudiciales para el desarrollo de la región.
Este decreto que establece una serie de incentivos autonómicos a la inversión empresarial, indica el sindicato, valora más a aquellos proyectos que se ejecuten en localidades de más de 10.000 habitantes y a aquellos que sean nuevos.
De esta manera, añade, se discrimina a los proyectos que se puedan presentar en la mayor parte de las poblaciones, perjudicando así al 49 por ciento de la población, y concede menos posibilidades a la ampliación o reforzamiento de las empresas existentes, cuando en estos momentos es muy importante lograr mantener el tejido empresarial que ha aguantado la crisis.
“Estos criterios atentan contra el espíritu y el contenido de la Estrategia Industrial de Extremadura, pactada entre los agentes sociales y el Gobierno regional”.
Se hace difícil entender, destaca CCOO, cómo el presidente firma un acuerdo en el marco del Diálogo Social de tanto calado con patronal y sindicatos y a la vez aprueba en Consejo de Gobierno un decreto que lo contradice claramente.
Con estos criterios, como ejemplo, un proyecto industrial dedicado al sector del ibérico, tendría bastantes más posibilidades de recibir ayuda de la administración en una de las grandes ciudades extremeñas que en localidades como Monesterio, Fregenal o Jerez, donde hay materia prima, experiencia, personal formado, sinergias empresariales y menores costes.
Esto, además de un sinsentido económico, implica desigualdad social y una barrera al modelo de desarrollo extremeño actual.
Por ello CCOO ha remitido una carta al presidente extremeño y al resto de los firmantes de la Estrategia Industrial para trasladar esta reclamación, esperando que se rectifique y se adapte el decreto al espíritu y la letra del acuerdo, donde priman los criterios sectoriales sobre los geográficos.
En caso de que no se corrigiese el decreto, CCOO no descarta dirigirse a la Comisión Europea para que fuerce un cambio en este trato discriminatorio hacia la mitad de la población extremeña, porque no hay que olvidar que el grueso de las ayudas en los que se basa este decreto de incentivos procede de fondos comunitarios y la Unión Europea destina muchos recursos al desarrollo rural en la región.
