Tractorada contra la comarcalización de la PAC en Extremadura

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Los agricultores y ganaderos afectados por la comarcalización “injusta” de la PAC retoman las movilizaciones ante la nula respuesta del GOBEX a sus peticiones de que se reabra el diálogo. Se espera que unos doscientos tractores participen en la protesta.

El próximo martes 2 de diciembre a las 10:00 horas, la organización profesional agraria UPA-UCE Extremadura ha convocado a los agricultores y ganaderos de los municipios de Miajadas, Navalvillar de Pela, Almoharín, Alcollarín, Escurial, Campo Lugar y Madrigalejo a una tractorada para protestar contra la comarcalización propuesta por el Ministerio de Agricultura y por el Gobierno extremeño, que partirá desde Miajadas hasta Mérida.

 

Desde UPA-UCE hemos realizado distintos actos de protesta como la concentración que tuvo lugar a las puertas de la Asamblea de Extremadura el pasado 20 de octubre o la marcha a pie de los agricultores y ganaderos afectados los días 5, 6 y 7 de noviembre; las reuniones con los Grupos Parlamentarios para presentar propuestas de impulso que frenen la comarcalización propuesta; o la presentación y aprobación de mociones en los ayuntamientos de los municipios afectados (gobernados por diferentes partidos políticos) para instar al GOBEX a que retire el proyecto de comarcalización.

 

Además hemos presentado una solicitud de reunión con el Presidente de la Junta, José Antonio Monago, para trasladarle este asunto y reabrir el diálogo con la Administración, sin obtener respuesta alguna.

 

“Ante el poco interés mostrado por el Ejecutivo regional en este asunto, desde UPA-UCE anunciamos que, si el Gobierno extremeño no se sienta a escuchar a los agricultores y ganaderos afectados, continuaremos con las movilizaciones”, señala Ignacio Huertas, secretario general de UPA-UCE.

 

La comarcalización de la nueva PAC propuesta para el periodo 2015-2020 supone la expulsión de la comarca de regadío de Don Benito de las explotaciones situadas en estos siete pueblos, ubicados en esa comarca desde 1992. Esto conllevaría un recorte de ayudas que se sumaría a otros ajustes ya anunciados y que pondría en riesgo la viabilidad de las explotaciones afectadas.


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