Hace unas semanas se discutía la Ley de Presupuestos en la Comunidad Autónoma de Extremadura. El grupo socialista que presido presentó una enmienda, entre otras cientas, para que en las gasolineras LOW COST, haya al menos un trabajador. Lo hacíamos en base a la competencia que Extremadura tiene de protección de los derechos de los consumidores. Se trata de algo tan sencillo como que alguien controle que no estás echando gasolina con una mano y fumando con la otra, o qué hacer si la tarjeta no funciona. El PP e IU estimaron cada uno desde su posición que no merecía la pena y la enmienda no prosperó, por lo que las gasolineras LOW COST podrán funcionar sin ningún trabajador.
CONCLUSION: Que las gasolineras que tienen muchos trabajadores en esta región, para poder competir con ellas se tendrán que convertir en LOW COST. ¿Quién paga? Los trabajadores que se irán a la calle. Alguien dirá que la culpa es de los empresarios. No es verdad. Muchos de esos trabajos que se perderán, en Badajoz y Olivenza ya se están perdiendo, se podrían haber evitado. Bastaba con votar que sí a una enmienda y no votar que no o abstenerse. Hay 75 plataformas de gasolinera LOW COST preparadas para instalarse en Extremadura. Están en su perfecto derecho. Pero yo hubiera preferido que lo hicieran sin ser sobre las cenizas de muchos puestos de trabajo. ¿Se puede intervenir en la economía? Se debe, si no lo hacemos ya sabemos los que pagan el precio.
