Los puntos de mediación familiar de las ciudades de Cáceres, Badajoz, Mérida y Plasencia, que estarán ubicados en las instalaciones de los Centros de Menores de estas ciudades comenzarán a ofrecer sus servicios a los ciudadanos durante el mes de febrero.
El gobierno de Extremadura ha destacado que la apertura de estas oficinas, “constituye una apuesta decidida del Gobierno de Extremadura por la resolución amistosa de conflictos familiares, con el objetivo de evitar su agravamiento y arraigo en el seno de las familias y, en último término, la resolución judicial”.
Ocho trabajadores, dos por cada uno de los puntos de mediación, prestarán servicio de asesoramiento y acompañamiento profesional a las familias que se encuentran en situación de conflicto con la intención de evitar posibles desestructuraciones familiares.
La apertura de estas oficinas, unidas al inminente debate de la propuesta de ley de Mediación Familiar, “rubrican la apuesta del Gobierno de Extremadura por establecer recursos de apoyo a la institución familiar como uno de los núcleos fundamentales de la cohesión social y, especialmente, la apuesta por la protección de la infancia como los individuos más desprotegidos en un conflicto familiar”.
Además, estas propuestas supondrán que Extremadura se sitúe a la misma altura que el resto de las Comunidades Autónomas donde, desde hace años, existen leyes y programas que apuestan por la resolución dialogada de los conflictos familiares.
En este sentido, y teniendo en cuenta que en la mediación es factor fundamental la voluntariedad de las partes en conflicto, el Gobierno de Extremadura pondrá en marcha una campaña de sensibilización social para dar a conocer la importancia de la mediación en este tipo de conflictos.
La mediación como alternativa a la resolución judicial de conflictos supone ventajas para la familia en cuanto que se proporcionan herramientas pedagógicas para el diálogo y el fortalecimiento de las relaciones no sólo familiares, sino interpersonales y sociales.
La importancia de la mediación en países de nuestro entorno supone por ejemplo que en Francia, donde hay 16 millones más de habitantes que en España, se produzcan tres millones menos de conflictos judiciales que en nuestro país.
