La Delegación del Gobierno en Extremadura no ha abierto «expediente sancionador alguno» por los actos que se desarrollaron en el marco de una manifestación que tuvo lugar en Badajoz el pasado mes de noviembre.
El Ministerio de Interior responde así a una pregunta formulada por los diputados socialistas en el Congreso Ignacio Sánchez Amor y María Soledad Pérez, quienes se interesaban por si había abierto la Delegación del Gobierno algún expediente sancionador en aplicación de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana ante la manifestación de «exaltación fascista» en la que «se produjeron altercados y en relación con la actuación de la policía».
Cabe recordar que la manifestación en cuestión, desarrollada el pasado 1 de noviembre en la capital pacense, pretendía homenajear la figura de Ramiro Ledesma, lo que motivó posiciones contrarias a la misma.
De este modo, y en relación con las preguntas de referencia, el Ministerio de Interior ha informado, en dicha respuesta recogida por Europa Press, de que el Gobierno «cumple y hace cumplir» la Constitución y el «conjunto del ordenamiento jurídico».
Según ha indicado, la Delegación del Gobierno actuó, ante una manifestación comunicada previamente, «conforme a lo previsto» en la Constitución y en la ley reguladora del derecho de reunión, así como en consonancia con una sentencia del Tribunal Constitucional en la que se señala que «el contenido de las ideas sobre las reivindicaciones que pretenden expresarse y defenderse mediante el ejercicio de este derecho no puede ser sometido a controles de oportunidad política».
«En el desarrollo de la citada manifestación, se dio cumplimiento a lo previsto por la citada Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, la cual, en su artículo 3.2, indica que «la autoridad gubernativa protegerá las reuniones y manifestaciones frente a quienes trataren de impedir, perturbar o menoscabar el lícito ejercicio de este derecho»», se asegura en esta respuesta.
De esta forma, como ha indicado, en eso consistió la actuación de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que participaron en el dispositivo de seguridad, ante la presencia de un grupo de personas que, «sin comunicación previa», se personaron «en gran número y de forma organizada en contra de la citada manifestación», dando inicio a «actos de provocación en los que se incluyeron insultos y lanzamiento de piedras a manifestantes y policías».
