INDIGNACIÓN EN EL CAMPO POR EL RETRASO DE LA PAC

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La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, que dirige el abogado José Antonio Echávarri Lomo, tiene una Dirección General dedicada única y exclusivamente a la Política Agraria Común (PAC), esa que permite que lleguen a Extremadura los fondos de Bruselas que son de los que subsisten los agricultores extremeños. Pues bien, a pesar de que la orden para la tramitación de las ayudas de la PAC entró en vigor con fecha 1 de marzo de 2015, todavía hoy los agricultores no han podido comenzar la tramitación por un supuesto fallo informático que no es más que una prueba de ineficacia que conlleva la indignación generalizada al campo regional. Según nos cuentan expertos en la materia, Extremadura decidió este año ir por su cuenta en la tramitación de las ayudas y así ha pasado, que una quincena después, los perceptores, cerca de 70.000, siguen a verlas venir.

 

Enterada de que este artículo iba a ver la luz, porque uno bebe de fuentes oficiales y extraoficiales como tiene que ser, la directora general de la PAC, doña Mercedes Morán, no ha tardado ni un minuto en asegurar que el lunes 16 de marzo comenzarán a tramitarse las ayudas, lo que da muestras de una doble ineficacia: primero, por dejar transcurrir quince días y, segundo, porque se ha visto forzada a tratar de salir airosa de una situación más que complicada. Además, este año la PAC es especialmente importante porque entra en vigor la reforma de la misma hasta el año 2020, de ahí que estos errores cobren una dimensión mayor y sean mirados con escepticismo por los asesores de nuestros agricultores.

 

Como Ingeniera Técnico Agrícola y ex profesora de la Escuela de ITA Santa Ana, doña Mercedes Morán se supone que estará al tanto que la principal vía de ingresos en Extremadura proviene de Bruselas. De ahí que achacar a un error informático, que puede ser cierto, a lo sucedido no es más que una prueba de ineptitud y falta de previsión, porque de ser cierto el error también cabe pensar que podría haber empezado un mes antes con los preparativos para que llegado el 1 de marzo todo funcionase a las mil maravillas. Me imagino a doña Mercedes Morán, que durante 20 años fue directora técnica de la organización agraria Asaja Cáceres de haberse encontrado ahora en ese lugar. Hubiese puesto el grito en el cielo y utilizado argumentos mucho más hirientes que los que aquí se han dado.

 

Si tuviese dignidad, presentaría de forma inmediata su dimisión por querer ir por libre y haberle salido el tiro por la culata, además de haber traicionado la confianza que el consejero depositó en ella. De no ser así, José Antonio Echávarri Lomo debería cesarla de inmediato, sin importarle que las elecciones estén a la vuelta de la esquina, pues ganaría, qué duda cabe, en credibilidad y transparencia ante los cerca de 70.000 agricultores que llevan quince días preguntando en sus bancos cuando pueden tramitar la Política Agraria Común (PAC). Las entidades financieras han llegado al extremo de no saber qué contestar a sus clientes, ya que se las tramitan año tras año, y todos se han tenido que colmar de paciencia ante un error que no debería haberse producido de no haber decidido doña Mercedes Morán haberse liado la manta a la cabeza y haber ido por su cuenta y no con el resto de Comunidades Autónomas.

 

Por otra parte, la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía continúa debiendo más de cinco millones de euros a Agroseguro SA de los años 2011 y 2012, sin que hasta el momento se haya dado plazo para la liquidación de tal deuda. Fuentes oficiales del Gobex nos aseguran que la información es cierta, pero que antes han tenido que saldar la deuda que dejaron los gobiernos socialistas. Sin dudar de que esto sea cierto, nadie mejor que José Antonio Echávarri Lomo para saber que las deudas no tienen color y que quien está esperando a cobrar sólo mira al que está en el gobierno y en estos momentos ese es el Partido Popular.

 

Una deuda de la Administración es de ésta y no de un partido concreto, por no sacar a relucir que se está reclamando una deuda que pertenece al Gobierno que dirige José Antonio Monago y que son cinco millones de euros, o sea, unos 800 millones de las antiguas pesetas. Lo que debe hacer el consejero, pues, es pagar a Agroseguro SA y no emplear argumentos tan baladies porque quien ostenta el cargo es él y a quien se le exige responsabilidades es a su persona. Si se ha pagado la deuda contraída por los anteriores gobiernos socialistas perfecto, pero que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha y liquídese una deuda que tiene asfixiada a una sociedad que da sus buenos servicios al campo extremeño de quien es responsable el consejero de la cosa, no el socialista Guillermo Fernández Vara.


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