El secretario general de UGT Extremadura, Francisco Capilla, ha recalcado que «todo está hecho de forma correcta» por parte de su sindicato en relación a los cursos de formación para empleados y ha añadido que se estudia emprender acciones legales porque «no se pueden hacer este tipo de acusaciones» y que «salgan gratis».
Capilla ha realizado estas declaraciones en rueda de prensa tras el anuncio realizado por la consejera de Empleo del Gobierno de Extremadura, María Ángeles Muñoz, de un «presunto fraude a gran escala» con este tipo de cursos de 2011 por parte de la Creex, CCOO, UGT y Cepes, datos que en este caso han sido puestos en manos de la Fiscalía Anticorrupción.
En su intervención, Francisco Capilla ha mostrado su «sorpresa» por las declaraciones de Muñoz, ya que la «primera noticia» que ha tenido en relación a este asunto, ha dicho, ha sido la comparecencia de ésta, por lo que ha considerado que «había mucha prisa» en hacer la «barbaridad que se ha hecho».
«Ahora no estamos preocupados por eso, la preocupación que tenemos es que se utilicen a las organizaciones, a los agentes sociales y económicos, se pisoteen, simplemente por cuestiones electorales«, ha aseverado.
En esta línea, Francisco Capilla ha asegurado que UGT Extremadura no tiene «conocimiento todavía» de la resolución de la auditoría a la que la consejera ha hecho mención, ha dicho, por lo que ha criticado que el Ejecutivo regional se haya «saltado hasta el procedimiento administrativo».
AUDITORÍA DEL 10 POR CIENTO
En la rueda de prensa en la que ha estado acompañado de la secretaria de Organización y Comunicación de UGT Extremadura, María José Pastor, y de la secretaria de Formación y Cultura del sindicato en la región, Ana María Santos, Capilla ha informado de que se realizó una auditoría del 10 por cien del plan de formación para ocupados de 2011, y que suponía un montante de 180.000 euros, ya que UGT contaba para estas acciones con una cuantía total de 1,8 millones.
«Si solo se auditan 180.000 euros cómo es posible que tengan elementos de juicio en estos momentos para reclamar mediáticamente en torno a 600.000 euros», ha aseverado, al tiempo que ha reiterado que el sindicato no dispone de la «resolución final» de la citada auditoría.
Por otra parte, y a preguntas de los periodistas, Francisco Capilla ha indicado que la Administración autonómica le adeuda al sindicato «más que lo auditado» del plan de formación de 2011, en «incluso más que el doble».
«NO SABEMOS DE QUÉ SE NOS ACUSA»
En su intervención, Capilla ha asegurado que, al ser «genéricas las acusaciones» realizadas por la consejera de Empleo y como el sindicato no cuenta con resolución o información diferente a la intervención de la responsable autonómica, es «difícil» hacer «una defensa» de dichas acusaciones porque «no sabemos de qué se nos acusa».
«Me parece tremendamente lamentable que haya un pulso torticero del Gobierno de la región con tal de rescatar un puñado de votos. Creo que el gobierno está en estos momentos muy preocupado por los comicios electorales que se avecinan y no sabe cómo va a afrontar esos comicios y salir de una manera victoriosa después de la situación en la que el Gobierno de Extremadura ha dejado a los extremeños», ha asegurado.
También ha tachado como «cobarde» la postura del Gobierno de Extremadura, ya que si «realmente» tuviese «pruebas» de que se ha cometido «alguna irregularidad lo que tendría que haber hecho, en opinión de Capilla, es irse al juzgado a poner una denuncia», algo que hubiera dado la «oportunidad» a las organizaciones implicadas de querellarse «con la consejera por poner una denuncia falsa».
Asimismo, Francisco Capilla se ha puesto a disposición de la justicia para «aclarar, como no puede ser de otra manera, este tipo de cuestiones» y ha remarcado que el sindicato pone a disposición de quien la requiera información sobre los cursos en cuestión.
