El secretario general de CCOO de Extremadura, Julián Carretero, ha asegurado que el sindicato «no ha cometido ningún tipo de fraude» ni «ningún tipo de delito» en relación a los cursos de formación para ocupados y ha avanzado que no se descarta emprender acciones judiciales ante las «insidias».
Carretero respondía de esta manera al anuncio realizado por la consejera de Empleo del Gobierno de Extremadura, María Ángeles Muñoz, de un «presunto fraude a gran escala» con este tipo de cursos de 2011 por parte de la Creex, CCOO, UGT y Cepes, datos que este caso han sido puestos en manos de la Fiscalía Anticorrupción.
En rueda de prensa, Carretero ha destacado que CCOO Extremadura no tiene «ninguna notificación resolutoria» ni por parte del Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe) ni de la Consejería de Empleo en la que se le reclame «ninguna cantidad» a ese respecto, al tiempo ha recalcado que el sindicato «ha justificado todo lo habido y por haber».
En esta línea, ha tachado la situación dada a conocer por el Ejecutivo extremeño como «insidiosa» y ha asegurado que «no es entendible» que se ponga en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción este aspecto cuando «no hay una resolución administrativa» reclamando cantidades económicas.
De esta forma, Carretero también ha considerado que hay un «acto de mala fe» y, por el momento elegido para darlo a conocer próximo a las elecciones, de «emponzoñar una situación que no tiene mayor trascendencia», puesto que si el Ejecutivo regional considera que la justificación de dichas acciones formativas no se atenía a las normas establecidas debería «haberlo requerido», ha insistido.
El secretario general de CCOO en Extremadura también ha hecho hincapié en que la Administración autonómica «debe» al sindicato casi 600.000 euros, en concreto más de 394.000 del plan de formación para personas ocupadas de 2011, que se ejecutó a lo largo de 2012 y 2013, y más de 195.000 euros de otros planes hechos con posterioridad.
«CIRCULO VICIOSO»
Acompañado de la secretaria de Organización de CCOO de Extremadura, Encarna Chacón, y del secretario de Formación y Empleo de CCOO de Extremadura, Miguel Coque, Carretero ha criticado el «tamaño disparate» y la «tamaña falacia» con la que desde el Gobierno de Extremadura se ha «pretendido emponzoñar desde el círculo vicioso en el que nos tiene metido el presidente Monago».
«Manda narices de quien no ha justificado viajes, de quien hace denuncias de persecución o persecutorias hasta a la policía. Parece mentira que un personaje que está en tela de juicio porque ha hecho de la mentira, de la propaganda, la acción de su gobierno, quiera emponzoñar a dos meses de las elecciones la política en esta región», ha remarcado.
De esta forma, Julián Carretero ha considerado que «ya vale» y ha indicado que «no es casualidad» que la «mala fe constatada» del Ejecutivo extremeño se ponga en evidencia «en campaña electoral y el día antes de disolver el Parlamento».
En su intervención, el secretario general de CCOO Extremadura ha hecho un repaso del Plan de Formación Intersectorial de 2011 para ocupados, del que el sindicato, ha reiterado, no tiene notificación resolutoria donde se les reclame «absolutamente ninguna cantidad».
Según ha informado, este plan tenía un valor total en lo que a CCOO Extremadura se refiere de algo más de 1,8 millones y se ejecutaron 149 acciones formativas, que atendieron a 2.242 alumnos.
De esta forma, y como ha destacado, tras la ejecución del plan, el 15 de julio de 2014 CCOO recibió un correo electrónico que le informa de que se hará una comprobación técnico económica sobre el 10 por ciento de la totalidad del plan.
Tras ello, el 1 de septiembre 2014 se remite la documentación para hacer dicha comprobación, y el 23 de octubre de 2014, ante la comprobación del 10 por ciento, se requiere documentación a CCOO por parte de una auditoría externa, a la que se da contestación el 26 de diciembre.
Finalmente, como ha explicado Carretero, el 13 de enero, el Sexpe le comunica que según dicha auditoría externa se requiere documentación adicional para que «se justifique por valor de 178.324,26 euros», documentación que se pone «en manos de la administración» el 31 de enero.
«Desde ese momento no hay ninguna resolución, ni ninguna remisión por parte del Sexpe ni de la Junta», ha indicado.
«DISCREPANCIA ADMINISTRATIVA MANIFIESTA»
En su intervención ante los medios, Carretero sí ha reconocido que en esta cuestión ha habido una «discrepancia administrativa manifiesta», tal y como ha ido relatando, y que se debería haber resuelto, ha dicho, dictando una resolución por parte de la administración y ante ella tener «capacidad de defensa».
Según ha explicado, dicha «discrepancia» obedecería a que las acciones del plan de formación para ocupados de 2011 estarían «bajo el decreto 158/2008», según Carretero, quien ha indicado que posteriormente se establece otro decreto –el 168/2012–.
De esta forma, la reclamación de documentación que hace la auditoría se realiza en base al nuevo decreto, aunque las acciones se hicieron en base al primero, ha explicado.
«Nosotros hemos hecho todas la justificaciones respecto del decreto 158/2008 y también con posterioridad, cuando se nos ha requerido, la del 168/2012 también la hemos hecho», ha aseverado.
DOCUMENTACIÓN A DISPOSICIÓN DE LOS MEDIOS
Asimismo, Julián Carretero ha informado también de que a partir de este viernes, día 27, en la sede en Badajoz de Forem, la fundación de CCOO para la formación y el empleo, los medios tendrán a su disposición «absolutamente toda la documentación» que existe del expediente de los cursos en cuestión.
Asimismo, se puesto a disposición de la Fiscalía Anticorrupción y de los órganos jurisdiccionales correspondientes, «como es lógico y cómo es normal».
