El Gobierno autoriza las licencias interautonómicas de caza y pesca

El Gobierno de España ha aprobado la suscripción del convenio de colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la comunidad autónoma de Extremadura, además de las de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, Aragón, Galicia, Asturias y Comunidad Valenciana, para el establecimiento de las licencias interautonómicas de caza y pesca en aguas continentales para todos sus territorios.

Así lo ha indicado la delegada del Gobierno en Extremadura, Cristina Herrera, quien ha añadido que el convenio, que prevé la adhesión de otras comunidades autónomas, tendrá una vigencia de diez años y podrá ser prorrogado por periodos iguales de tiempo.

Herrera ha manifestado que el convenio atiende al compromiso del Protocolo de colaboración suscrito en abril de 2014 con las comunidades autónomas de Extremadura, Castilla-La Mancha, Madrid y Castilla y León para la habilitación de dichas licencias.

Al protocolo se unieron posteriormente las regiones de Aragón, Galicia, Asturias y Comunidad Valenciana.

La delegada del Gobierno ha explicado que, mediante este acuerdo, se creará una tasa de expedición de las licencias interautonómicas de caza y pesca, cuyo importe será de 70 euros y 25 euros respectivamente.

Cada una de las partes se compromete, además, a facilitar al resto la información necesaria para el otorgamiento de estas licencias y, en particular, sobre el registro de infractores. Para ello, el Ministerio desarrollará un soporte informático de intercambio automático de información, con un coste no superior a 150.000 euros, financiado con cargo a los presupuestos de este año.

FONDOS SOCIALES

La delegada del Gobierno también ha explicado es la distribución a las comunidades autónomas de fondos sociales para la atención de familias y personas en riesgo de exclusión.

La distribución que efectúa el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad abarca el Plan Concertado, el Plan de Desarrollo Gitano y el Fondo contra la Pobreza (proyectos de apoyo a familias e infancia), todos ellos ya aprobados en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y de Dependencia.

La suma de tales fondos llega a casi 60 millones de euros y pretenden impulsar proyectos de inclusión social para familias con hijos menores a cargo y en situación de dificultad, así como a personas en riesgo de exclusión.

El Plan Concertado, que cofinancian las administraciones central y autonómica, busca mantener la red de servicios sociales de atención primaria gestionada por las corporaciones locales, y así, proporcionar a la ciudadanía que lo requiera una segura cobertura de sus necesidades básicas.

En líneas generales, el Plan Concertado agrupa servicios de información y orientación, de ayuda a domicilio y de apoyo a la convivencia, de alojamiento alternativo (especialmente para personas sin hogar) y de prevención e inserción social.

Ello supone el mantenimiento de albergues, centros de acogida, comedores sociales, centros de día o pisos tutelados, entre otros servicios.

De la distribución por comunidades y ciudades autónomas, ya aprobada en el último Consejo Territorial de Servicios Sociales y de Dependencia, se desprende que Extremadura recibirá 941.050,7 euros.

El Fondo contra la Pobreza, que aparece en los Presupuestos Generales del Estado, es la continuación del que creó el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en 2014.

La cuantía para el presente ejercicio asciende a 32 millones de euros. Componen el Fondo programas que hagan frente a la situación de familias que se encuentran en situación de privación material severa o en riesgo de pobreza, y con menores a cargo. Desde el sistema público de servicios sociales, se dará asistencia a tales familias, y se favorecerá su inclusión sociolaboral.

Asistencia que incluye proyectos para cubrir necesidades básicas de alimentación, de higiene o de ropa; promover el acceso a los servicios de salud y de educación (compra de material escolar, ayuda para comedor o transporte); y que apoya la cobertura de los gastos de la vivienda.

También abarcan programas de mediación familiar o de atención socioeducativa a menores. La distribución otorga a Extremadura un total de 1.380.737 euros.

Por otra parte, Herrera también ha hablado de la formalización de los criterios de reparto del Plan de Desarrollo Gitano, cuyo valor asciende a 412.500 euros.

Con él se pretende atender las necesidades de los grupos gitanos más desfavorecidos y promover su desarrollo. El Fondo se enmarca en la estrategia Nacional para la Inclusión de la población gitana en España 2012-2020 y en el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social.

Su campo de actuación son proyectos de intervención social en educación, empleo, salud y vivienda, si bien pretende también favorecer su integración y participación en las esferas sociales.

REBAJA DEL IRPF

La delegada del Gobierno también se ha referido al Real Decreto Ley de medidas urgentes para reducir la carga tributaria soportada por los contribuyentes del IRPF y otras medidas de carácter económico.

Con ello, se hace efectivo el adelanto de la rebaja del IRPF aprobada para 2016.

En este sentido, Herrera ha matizado que los contribuyentes contarán este semestre con más dinero disponible en sus bolsillos a través de una reducción en sus retenciones. Esta inyección de liquidez, de 1.500 millones de euros, supondrá un impulso aún mayor al crecimiento económico.

En cuanto a los trabajadores autónomos, se reduce de forma generalizada el tipo de retención, que queda fijado, cualquiera que sea el nivel de sus ingresos, en un 15% a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley.

Al mismo tiempo, a partir de dicha fecha, se rebaja al 7% el tipo de retención o ingreso a cuenta aplicable durante los tres primeros años de inicio de la actividad profesional.

La rebaja anterior obliga a reducir en el mismo importe la cuantía del tipo fijo de retención aplicable a los rendimientos del trabajo derivados de impartir cursos, conferencias o similares, así como de la elaboración de obras literarias, artísticas o científicas, siempre que se ceda el derecho a su explotación.

En relación con las rentas del ahorro y otras rentas sujetas a retención, se minora el tipo de retención o ingreso a cuenta aplicable a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley, que quedará fijado en el 19,5% frente al 20% actual.

Se declaran exentas las ayudas públicas concedidas por las Comunidades Autónomas o entidades locales para atender a colectivos en riesgo de exclusión social, situaciones de emergencia social, necesidades habitacionales de personas sin recursos o necesidades de alimentación, escolarización y demás necesidades básicas de menores o personas con discapacidad cuando carezcan de medios económicos suficientes, hasta un importe máximo anual conjunto de 1,5 veces el indicador público de rentas de efectos múltiples.

Así como las ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual y, en particular, a víctimas de violencia de género.

Quedan exentas también las ayudas concedidas para adaptar antenas colectivas de TDT.

Con la finalidad de posibilitar la consecución de los objetivos a que se destinan determinadas prestaciones y ayudas concedidas por las distintas Administraciones Públicas, se limita la posibilidad de embargo de las mismas mediante la aplicación de las reglas que ya rigen en la actualidad en el ámbito de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con los embargos del salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente.