El Ayuntamiento de Mérida ha puesto en marcha una Oficina de Intermediación sobre Desahucios, cuya misión será la de negociar con los bancos, los particulares y empresas y la administración regional la paralización de los procesos extrajudiciales abiertos por desahucio.
La delegada de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Mérida, Mercedes Carmona, ha explicado que su puesta en marcha se justifica e que las personas son «lo más importante para el equipo de gobierno», por lo que priorizan que «ninguna se quede en situación de desamparo social, laboral o civil» durante esta legislatura.
En este sentido, Carmona ha explicado que esta oficina comenzó a funcionar a través de los Servicios Sociales desde el día 15 de junio cuando se empezó a redactar el borrador del proyecto, se pone «al servicio de todos los ciudadanos de Mérida de forma inmediata y gratuita». Desde entonces ha atendido 94 casos.
La delegada ha señalado que en Mérida existe «una media de 200 desahucios judiciales por año», una cifra a su juicio «muy elevada», ante lo que ha advertido que este equipo de gobierno «no va a permitir ningún desahucio más».
De este modo, la Oficina de Intermediación trabaja no solo con los casos judiciales en los que hay una notificación del juzgado, sino también ante las reclamaciones extrajudiciales entre particulares, viviendas de alquiler social y todo tipo de alquileres y actúa no «solo» en el inicio de un procedimiento de desahucio sino en cualquier momento de una reclamación extrajudicial.
Por otro lado, Carmona ha indicado que se siente abocada a poner en marcha «por fuerza» este proyecto que cree «necesario y urgente» porque «ha habido una total dejadez de funciones» por parte del anterior equipo de gobierno, ya que «si se hubieran puesto los medios quizás no se estaría presentando esta oficina antidesahucios».
Cabe destacar que cuando se notifica la demanda de desahucio se tiene un plazo de 10 días para actuar, por lo que desde la Oficina de Intermediación pretenden que en 72 horas las personas se pongan en contacto con ellos para valorar inmediatamente esa solicitud y en un plazo de 72 horas se comprometen a dar una respuesta.
Asimismo, la delegada ha apuntado que «una persona no deja de pagar porque no quiera, sino porque no puede» y que desde el equipo de gobierno se les va a dar «amparo social sobre todo a las familias con menores y con personas dependiente», pero no van a dejar «en situación de desamparo a una persona individual que lo necesite».
Así, en el caso de las reclamaciones hipotecarias por parte de los bancos, desde la oficina primero se atiende y prioriza a las personas y en segundo lugar se pone en contacto con la entidad bancaria y se trata de gestionar un alquiler social, una dación en pago o una moratoria en el pago de la deuda.
Sin embargo, en caso de no llegar a un acuerdo con el banco, la trabajadora social será la encargada de resolver este problema individual o familiar. «Entre una de las soluciones se encuentra la posibilidad de utilizar el parque de vivienda que tiene la Junta de Extremadura en este municipio pacense», ha señalado Carmona.
Así mismo, cuando se producen reclamaciones entre particulares y se hace un requerimiento extrajudicial por parte del arrendatario que insta al inquilino a que pague desde la oficina tratan de mediar con el arrendatario para encontrar una solución, pero si no se logra se procederá a una adjudicación de residencia a través de la Oficina de Intermediación y Vivienda.
Por otro lado, si se produce una demanda de desahucio sobre viviendas públicas o de alquileres sociales las situación es «más fácil» porque se trata de una relación entre instituciones, ya que desde la oficina se media con la propia administración para detener el proceso.
Mercedes Carmona ha revelado que la Oficina de Intermediación ha abierto 41 expedientes en un mes de trabajo a los que hay que añadir 30 casos de alquileres sociales en casos de extrema necesidad y 48 casos de asesoramiento en temas de vivienda, por lo que en total han sido 94 casos estudiados a día de hoy.
Igualmente, ha anunciado que van a poner en marcha «en breve» una Oficina de Vivienda en la que se va a tratar de facilitar una solución «habitable» a todas aquellas personas que se hallen en una «situación de exclusión y de desamparo social».
A preguntas de los periodistas sobre la ocupación ilegal, Carmona ha advertido que ésta «no tiene cabida en el protocolo antidesahucio», ya que en el documento se entiende como vivienda «aquella que viene siendo su domicilio habitual siempre que no se trate de una ocupación ilegal, allanamiento, rehubicación o similares».
Finalmente, ha recalcado que no pueden amparar a alguien que «está cometiendo una ilegalidad» y espera que esta situación de desahucios que se está viviendo en estos momentos «no se prolongue durante los cuatro años de legislatura».
