El sindicato CSIF Extremadura ha alertado de que en el último trimestre, la administraciones públicas «se quedan al margen de la creación de empleo generalizada», y por tanto «se frena el tímido crecimiento que se empezó a experimentar desde el cuarto trimestre de 2013».
El sindicato valora el descenso en el número de parados publicado «porque se alivia la situación de dificultad de muchas familias», pero respecto al sector público, CSIF da «la voz de alarma» porque en el último trimestre las administraciones públicas «se quedan al margen de la creación de empleo generalizada».
Y es que, según la EPA, el número de ocupados se sitúa en 2.956.300 y las plantillas de la administración «arrastran un déficit» de 347.300 puestos de trabajo perdidos desde finales de 2011, cuando «empezó la sangría en nuestras administraciones públicas como consecuencia de los ajustes del Gobierno central».
En concreto, en el caso de Extremadura, CSIF cuantifica en 2.400 plazas la falta de empleados públicos en la Administración regional. Así, en el en el ámbito de la Consejería de Sanidad existe un déficit estructural de 600 plazas; en el área de la Educación deberían haberse ofertado 1.300 puestos de trabajo mientras que en el entorno de la Consejería de Administración Pública las necesidades de personal se cuantifican en unas 500 plazas.
Cabe destacar que a lo largo de los dos últimos años, la tasa de temporalidad en la administración «se ha disparado hasta alcanzar el 21,5 por ciento, con 637.600 trabajadores temporales, mientras que hace dos años esta cifra se situaba en 564.500».
Señala CSI-F que el Gobierno está realizando una «reestructuración perversa» del modelo de administraciones públicas, mediante la eliminación de puestos de trabajo del personal que se jubila (como ocurre en la Administración Central, con una plantilla muy envejecida, y único sector que destruye empleo) y la creación de plazas temporales y precarias.
Ante esta situación, CSIF apuesta por la impulsar un plan de recursos humanos en Extremadura para «reforzar las plantillas donde sea necesario y de manera estable, con una oferta pública que cubra como mínimo el 100 por cien de las plazas que se jubilan».
