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CC.AA contrarias a la LOMCE presentarán propuestas con garantías jurídicas para paralizarla

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Los consejeros de Educación de las comunidades autónomas no gobernadas por el PP han anunciado que esta tarde van a presentar al ministro del ramo, Íñigo Méndez de Vigo, en la Conferencia Sectorial de Educación una serie de propuestas con «garantías jurídicas» para paralizar el calendario de aplicación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).

  Así lo ha indicado la consejera andaluza, Adelaida de la Calle, que ha leído ante los medios un comunicado consensuado con los responsables autonómicos de Educación de Aragón, Asturias, Cantabria, Baleares, Castilla-la Mancha, Extremadura, Canarias, Cataluña, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana.

 

   «Presentaremos un conjunto de propuestas que podrían paralizar el calendario de implantación de la LOMCE con todas las garantías jurídicas necesarias y conservando siempre el interés superior del alumnado. Creemos que es posible evitar muchas incertidumbres y sufrimiento siendo conscientes, como lo somos todos, de que empeñarse en continuar con la implantación de una ley que, más pronto que tarde, será derogada, no es razonable», ha argumentado.

 

   Adelaida de la Calle no ha concretado ninguna propuesta y, en declaraciones a los medios, tras leer el comunicado, ha señalado que «cada comunidad tiene sus propios planteamientos». Este miércoles el secretario de Educación del PSOE, José Miguel Pérez, adelantó a Europa Press que entre estas medidas se encuentra la posibilidad de introducir una enmienda al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para suspender el calendario de la ley educativa.

 

   En el comunicado, los consejeros contrarios a la LOMCE señalan que la reunión con el ministro esta tarde es una «oportunidad para recuperar el consenso» y ha subrayado que, tras las elecciones del pasado 24 de mayo, ahora son «muchas más» las comunidades que comparten el rechazo a la reforma educativa liderada por el exministro José Ignacio Wert.

 

   Si bien «comprenden» el imperativo legal de la aprobación de una ley orgánica, también advierten en este escrito del «desconcierto» generado y del «hecho evidente» de que el calendario de aplicación «se hizo deliberadamente para evitar lo que ha acabado pasando: Que nadie quiere asumir como propia una ley que fue aprobada sin consenso».

 

   «A pocas semanas del curso, no podemos perder el tiempo. Nuestras comunidades educativas no nos lo perdonarían. Estamos obligados a garantizar el derecho a la educación y estamos dispuestos a cumplir con nuestra obligación», afirman, para añadir que quieren «avanzar» en la resolución de un problema que las comunidades autónomas «no han creado».


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