El Pleno aprueba la Comisión de Investigación sobre Acorex y Caja Rural

La unanimidad de la Cámara ha aprobado por unanimidad la Solicitud de Creación de Comisión no permanente de investigación sobre las actuaciones de la Junta de Extremadura relacionadas con la gestión de ACOREX y con la intervención de Caja Rural de Extremadura. Una solicitud conjunta del Grupo Mixto Ciudadanos y PODEMOS.

Los grupos parlamentarios Ciudadanos y PODEMOS han defendido en la Cámara la creación de una comisión de investigación sobre las injerencias políticas de la Junta de Extremadura en ACOREX y Caja Rural.

La portavoz de Ciudadanos, Victoria Domínguez, hizo un recorrido por los dos últimos años de Acorex y Caja Rural, una historia que según afirmó ha salido a la luz tras las declaraciones del Ex Consejero de Economía del Gobierno  de José Antonio Monago, Antonio Fernández. Según los hechos, afirma Domínguez, en 2014 Fernández renuncia al cargo cuando se aprueba el decreto del gobierno Popular donde lo dejó «sin competencias» en las Cajas de Ahorro, Rurales y Entidades de Crédito.  A su vez, denunció que IU votó a favor de las «medidas relacionadas con interés para controlar el destino de Caja Rural de Extremadura». En octubre de 2015 hace las declaraciones para explicar que se fue por el «desacuerdo con Teniente» y es el propio Consejero » quien vincula y relaciona para que sean moneda de cambio».

«Estas declaraciones son graves para que el  PP saliera a explicar el tema», explicó la portavoz de la formación Naranja», porque el problema «son las secuelas, víctimas y cadáveres que han dejado en el camino, como  fracaso y cierre de Acorex, la mayor empresa agroalimentaria de Extremadura, hoy en concurso de acreedores».

El Diputado de PODEMOS, Daniel Hierro, reflejó que Acorex es «la historia más frustrante del cooperativismo extremeños», porque a causa de  «las injerencias políticas, hoy está en desmantelamiento». Y «no podemos culpar a la empresa o producto sino a quien manejaron con interés político».

Denunció que «la injerencia política cerraron el camino a la empresa, y más de 90 trabajadores ven como pierden su puesto de trabajo».  Ante esto, la Ciudadanía «tiene derecho y deber de saber lo que ha pasado con el mayor grupo cooperativista en Extremadura» que es el «orgullo de nuestra tierra». «Debemos saber si alguien se ha lucrado con las injerencias políticas».

El Portavoz del Grupo Parlamentario PSOE-SIEX, Valentín García, recordó que «no es primera vez que se habla de Caja Rural y Acorex».  Porque la pasada legislatura «ya denunciamos las injerencias políticas en Acorex y Caja Rural por parte del gobierno de Monago».

Afirmó que «no está en entredicho el trabajo de Caja Rural, sino que  investigamos las  injerencias de Monago, Teniente y Nogales».  Acusaron a Monago de ser el «Demolition Man» del cooperativismo, porque desde que llegaron al gobierno quisieron controlar todo.

Afirmó que hoy se está ante la «clave de bóveda de la XVIII legislatura» que no ha sido otra que el  «pacto entre la derecha e izquierda más radical que es la que más le gusta al PP».  Un pacto en el que hubo «medios de pagos» como «la Televisión Pública que fue para Nogales, y los  pagos en diferido: el control de Acorex y Caja Rural que fue para IU».

Preguntó «¿porque se querían llevar por delante al director de Caja rural? ¿porqué lo presionó para que dimitiera?» Denunciando que en «paralelo ponen en marcha un decreto para controlar Caja Rural».  «Acorex fue la segunda moneda de cambio para Nogales» y en «2011-12 preparan el desembarco, hacen dimitir al director y le dan 2 millones para Tomcoex, luego 10 millones para Acorex para que se vaya» «A alguien le quedan dudas de las injerencias y pagos políticos? Han jugado con dos empresas como niños chicos», afirmó García.

Por su parte el diputado del PP, Alfonso Hernández Carrón, afirma que el PP «se va a posicionar a favor de verdad y la transparencia que es el único camino».  Porque las «actuaciones del anterior gobierno tuvieron un antes, unas dificultades financieras y unas dificultades derivadas de una mala gestión».

Criticó que «las cajas han estado ante el rodillo socialista» y el gobierno de Monago tuvo que «actuar para intentar salvarlas» y «al menos nos queda caja rural».

Afirmó que «las actas demuestran que el gobierno actuó a petición del Banco de España». Porque en «2012 se sabía qué la situación era muy mala». Afirmando que el Gobierno actuó «a instancia de socios y trabajadores».