El equipo de Gobierno del Ayuntamiento ha criticado el acuerdo del Servicio Extremeño Público de Empleo por el cual se deniega la ampliación de plazo para realizar el proceso selectivo para la contratación de los puestos de trabajo al amparo del Plan de Empleo Social de Extremadura que había solicitado el Ayuntamiento.
Entre otras cosas, señala el Ayuntamiento, la resolución afirma que “no concurren” causas que deben “amparar una decisión de tal naturaleza” como es la ampliación del plazo.
Lo que es una demostración, añade, de que la Junta no sabe entender la realidad de los municipios, como Cáceres, dado que en un proceso como este es necesaria una baremación de los servicios sociales de base que en la actualidad ya se encuentra con sobre carga de trabajo, precisamente por la gestión de otros decretos de la Junta.
No parece lógico, señala, que en una ciudad como Cáceres, en la que se recibirán miles de solicitudes, se tengan unos plazos similares a otras localidades para el proceso del Plan de Empleo Social, más si cabe cuando se están atendiendo otras competencias también delegadas por la Junta de Extremadura y que, según los informes de los propios técnicos municipales, son “inasumibles” por la carga de trabajo, algo inadmisible cuando hay que tener claro que lo importante son las personas.
Desde el equipo de Gobierno se entiende que la Junta debería o ampliar e plazo o colaborar con la puesta al servicio del consistorio de más trabajadores sociales que puedan ayudar en las labores de evaluación, algo que es requisito previo y obligado tanto para el Plan de Empleo Social como para otros decretos de aplicación.
En concreto, según los datos que maneja el Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS), “ante la hipótesis nada viable de paralización de todos los quehaceres profesionales y pensando en la dedicación exclusiva para la realización de los informes de idoneidad para la inclusión de empleo social, se entiende que es inasumible realizarlo en el plazo establecido en el decreto, ya que se necesita además de la realización de una entrevista profesional, la aportación de una documentación sin la cual los informes propuestos no podrían realizarse”.
Así, se recuerda que la documentación mínima requerida es “Datos de identificación de a persona que solicita, empadronamiento colectivo, vida labora de todos los miembros mayores de 16 años de la unidad de convivencia, datos económicos de todos los miembros de la unidad de convivencia y otra documentación que acredite circunstancias excepcionales como receptor de Renta Básica, Víctima de Violencia de Género, discapacidad, etc.
LABORES EXTRAORDINARIAS
Estas labores extraordinarias y solo vinculadas al Plan de Empleo Social hacen de casi imposible cumplimiento los plazos, más si cabe cuando, además, desde los servicios de base de Cáceres se está trabajando en la resolución de Expedientes de Ayuda a Domicilio, expedientes de ayudas económicas propias del IMAS, expedientes de Teleasistencia, valoraciones de tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad reducida, informes para procesos de incapacitación judicial, informes para extranjería en procesos de regulación, informes para ayudas económicas a familias, informes para becas de comedores escolares, informes sociales por expedientes de adopciones internacionales, expedientes de Renta Básica, seguimiento de casos de intervención con menores por absentismo escolar y valoración de expedientes de transporte urbano subvencionado.
Todos estos trabajos conllevan su correspondiente entrevista a domicilio y elaboración de informe social
Según el equipo de Gobierno, este cúmulo de tareas justifica más que claramente la necesidad de una prórroga, que ha sido denegada por la Junta cuando gran parte del colapso de estos servicios es por la propia Junta.
Y es que, se ha recordado, actualmente y solo de renta básica hay 180 expedientes para evaluar en Cáceres, a lo que se suman otros dos decretos extraordinarios de la Junta que se unen al trabajo ordinario.
Desde el equipo de Gobierno se solicita sentido común a la hora de pedir esfuerzos a los ayuntamientos puesto que el alubión de propuestas para Cáceres con el Plan de Empleo social será más que destacado y no puede hacerse sin dotarse de más tiempo y más medios, ha concluido.
Por último, desde el equipo de Gobierno también se ha lamentado que la Junta de Extremadura haya denegado “refuerzos” desde la dirección general de Política Social afirmando que estos solo serán para “servicios general” y no para “planes concretos”, lo que se ha calificado como un contrasentido, puesto que los planes concretos son los que modifican toda la planificación, pero luego no se aporta nada desde quién los realiza.
También se ha calificado como irónico que la dirección general haya instado a los ayuntamientos a que “hagan un esfuerzo de corresponsabilización” cuando lo que se está haciendo es cubrir los decretos que hace la propia Junta.
