El Ayuntamiento realizará 60 contrataciones a través del Plan de Empleo Social

El Ayuntamiento de Cáceres ha decidido realizar un total de 60 contrataciones a través del Plan de Empleo Social que han impulsado la Junta de Extremadura y las diputaciones provinciales con una aportación económica pero que debe ser cofinanciado por los consistorios que, en el caso de la capital cacereña, supondrá el desembolso de 206.000 euros.

El dinero destinado a estas contrataciones será de 566.000 euros, de los que 360.000 los pondrán la Junta y la Diputación de Cáceres (3.000 euros cada una por contrato) y el resto lo aportará el consistorio cacereño, lo que supone un 36 por ciento del coste total del plan, mientras que las otras dos instituciones aportarán el 32 por ciento cada una.

Estas 60 contrataciones se realizarán en dos fases, 30 de ellas con un contrato de seis meses a partir de enero y el resto a continuación. De momento, se ha estipulado ofertar una plaza de arquitecto técnico, trabajador social, delineante y dinamizador social, además de tres plazas de auxiliar administrativo, 18 de ordenanza y cinco de limpiadoras.

Así lo ha desgranado este viernes, el portavoz del equipo de Gobierno, Rafael Mateos, tras la Junta Local de Gobierno, en la que ha recordado que estos empleos van dirigidos a parados de larga duración y que no estén percibiendo ayudas, excepto la Renta Básica.

Los interesados deben enviar las solicitudes antes del 10 de diciembre y se tendrá en cuenta la situación personal como discapacidades, que sea víctima de violencia de género u otras circunstancias que pudieran situarle en colectivo en riesgo de exclusión social.

A diferencia de otros planes de empleo, cuya selección la realiza el Servicio Extremeño de Empleo (Sexpe), en esta ocasión, toda la gestión la deben desarrollar los ayuntamientos, por lo que desde el consistorio de Cáceres se había pedido una prórroga para tener más tiempo a tramitar los expedientes que deben llevar a cabo los servicios sociales.

Esta ampliación del plazo ha sido denegada y por ello Mateos ha señalado que la carga extra de trabajo podrá «colapsar» los servicios sociales que no da abasto a tramitar todos los asuntos de su competencia. «La Junta ha endosado la responsabilidad de la gestión de este plan a los ayuntamientos sin tener en cuenta que no es lo mismo un ayuntamiento pequeño que uno grande», se ha lamentado Mateos.

«Esto es un nuevo ataque a los ayuntamientos porque, al final, no es un plan de empleo regional, sino que la mayor carga la soportan los consistorios», añadió, al tiempo que ha justificado que no se puedan hacer más contrataciones (el decreto estipula hasta un total de 163) porque el Ayuntamiento de Cáceres «no tiene capacidad de financiación» para realizarlas.

En este sentido, ha puesto como ejemplo la plaza de arquitecto técnico para la que la Junta y la Diputación aportarán 6.000 euros (3.000 cada una) y el ayuntamiento destinará 8.104 hasta completar el coste total de 14.104 euros por el contrato a seis meses a jornada completa.

DEUDA DE LA JUNTA

Por otra parte, Mateos ha anunciado que han requerido al Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria (OARGT) de la Diputación de Cáceres, que se encarga de la gestión de los impuestos municipales, que le «certifique» al consistorio que «se ha hecho todo lo posible» y «todos los requerimientos» la Junta de Extremadura para reclamarle los más de 3,8 millones de euros que la Administración regional debe al consistorio cacereño, casi todo en concepto de impago del IBI por inmuebles de titularidad regional.

Ha insistido en que, una vez que tengan la certeza de que el OARGT ha reclamado esa deuda y, aún así, persiste la morosidad de la Junta, se acudirá a la vía judicial para pedir el abono de este dinero a la Administración autonómica ya que, «hay bienes embargables» como cuentas corrientes, para poder saldar la deuda.

«Cuando se certifique por parte del OARGT que se han seguido los trámites estipulados de recaudación de esta deuda, acudiremos a la vía judicial para reclamar su abono por parte de la Junta», insistió el portavoz municipal, que no descarta pedir responsabilidades también al organismo autónomo «de forma subsidiaria».