Vergeles propone un nuevo texto refundido para mejorar la gestión de la Renta Básica

El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, ha comparecido a petición propia en la Sesión Plenaria número 17 para informar sobre la Ley de Renta Básica Extremeña de Inserción y su propuesta de reforma para mejorar la gestión.

Con esta comparecencia, Vergeles ha querido también explicar en sede parlamentario los retrasos en el pago durante el mes de Febrero y que él mismo comunicó en rueda de Prensa. Según ha explicado, este retraso ha sido la consecuencia de tener que acomodar la estructura funcional del Presupuesto prorrogado a la nueva estructura de la Junta de Extremadura, y que según mismo afirmó se hizo «en tiempo récord», en sólo 5 días la Consejería de Hacienda y Administración Pública consiguió solventar el problema a pesar de que en el anuncio de retraso se presuponía de 7 a 10 días.

Vergeles ha señalado que las gestiones realizadas para mejorar el funcionamiento de la Renta Básica han permitido cubrir económicamente las 2.582 resoluciones favorables que se encontraron al llegar al Ejecutivo y que no contaban con cobertura económica, con un montante de 5,4 millones de euros, más otros 3 millones de euros para la última convocatoria de 2015, que tampoco tenía fondos presupuestados.

 Así, se ha pasado de las 12.000 rentas básicas pendientes de resolución cuando inició su mandato el Ejecutivo socialista, a la 4.245 actuales. Además, ha señalado que se han pagado en estos siete meses rentas básicas por valor de 33,4 millones de euros, y se ha pasado de un periodo de demora en el estudio de tramitación con una media de 8,5 meses a los 2,5 meses de media.

Unas explicaciones que no han sido muy bien acogidas por la oposición, acusándole de mentir sobre los datos y recordándole que él es el responsable en la gestión, y que ha sido precisamente esta la responsable del retraso.

La Portavoz de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, ha reprochado a Vergeles que responsabilizara del retraso en los pagos a la oposición por tumbar el primer borrador del Presupuesto, el grupo parlamentario socialista ha sido el único que ha defendido la gestión del consejero de Sanidad, citando la labor realizada desde su toma de posesión.

Por su parte, el diputado de Podemos Daniel Hierro ha señalado que esperaba una comparecencia «con más sustancia», porque los datos ofrecidos «ya se conocían» y además son unas cifras de las que su grupo «no se fía en absoluto». Como ejemplo puso un caso en Almendralejo donde el solicitante tardó cinco meses en recibir la resolución, por lo que lo invitó a quitarse la corbata y acudir a los Servicios Sociales.    Criticó  que se sigan tardando varios meses en conceder una ayuda «vital» como es la renta básica, destinada a quienes no tienen otros ingresos, lo cual obliga a los potenciales beneficiarios a hacer «malabarismos» hasta que reciben una respuesta, al tiempo que ha reclamado que en la futura modificación de la ley que regula la prestación se elimine de los requisitos la condición de estar en riesgo de exclusión social.

  Por su parte, el diputado del Grupo Popular José Ángel Sánchez Juliá acusó a Vergeles de ser «el mentiroso compulsivo del Gobierno de Fernández Vara», así como de ir al parlamento a «mentir a todos los extremeños» con sus explicaciones sobre la gestión de la renta básica. Precisamente con el debate de Sánchez Juliá se produjo uno de los momentos más tenso de toda la sesión, por lo que el vicepresidente de la Asamblea, José Andrés Mendo, en ese momento encargado de moderar el desarrollo del Pleno, le pidió que no volviera hacerlo.

El diputado ‘popular’ ha señalado que esta dilación se debe a que la renta básica «nunca fue una prioridad» para los socialistas, en referencia a que primero la prometieron y no la pusieron en marcha en su anterior mandato, y a que en esta legislatura la han «paralizado» dos meses, entre septiembre y octubre, porque «no tienen un modelo de gestión».

La diputada socialista Marisol Mateos incidió  en que «la Renta Básica estaba, pero se ha puesto en marcha ahora», al tiempo que destacado la «transparencia» con la que está gestionando el departamento, frente a la legislatura pasada, que era «un búnker cerrado a la transparencia».