Navarro destaca que la Junta ha eliminado «barreras» para facilitar el acceso laboral a las «personas desfavorecidas»

El consejero de Economía e Infraestructuras, José Luis Navarro, ha destacado que la Junta de Extremadura ha eliminado «barreras» para facilitar el acceso al mercado laboral a las «personas desfavorecidas».

 Navarro ha manifestado que el compromiso del Ejecutivo regional con las personas en riesgo de exclusión social y/o discapacitadas ha pasado a «ser una realidad desde el momento en que todas las consejerías están obligadas a incorporar la cláusula social en todos los procedimientos de contratación».

Cabe recordar que desde el pasado mes de marzo está en vigor una Instrucción de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, aprobada en Consejo de Gobierno, por el que se reserva un 6 por ciento de las contrataciones públicas para empresas de inserción laboral.

De este modo, como ha señalado el consejero, se garantiza la «igualdad de oportunidades entre las personas y, en especial, el derecho laboral básico de las personas con mayores dificultades para el acceso al mercado de trabajo».

El texto, publicado mediante Resolución de la Consejería de Hacienda y Administración Pública en el Diario Oficial de Extremadura el pasado 3 de marzo, contempla un amplio catálogo de criterios a tener en cuenta en los pliegos de contratación de la Administración Pública, entre los que se cita los aspectos sociales, ambientales, de promoción de las pymes y de impulso de la sostenibilidad, según ha informado la Junta en nota de prensa,

Con ello, como ha asegurado Navarro, que ha participado este viernes en la Asamblea en una Jornada organizada por la Confederación de Empresas de Economía Social y Autónomos, Cepes, sobre Compra Pública Responsable, la Junta está «cumpliendo realmente» su voluntad de «integrar y apoyar a las personas que más lo necesitan».

«Porque si difícil resulta para cualquier persona acceder a un puesto de trabajo, mucho más lo es para estas personas», ha indicado, al tiempo que ha recordado que «están obligados tanto las consejerías como los entes públicos, a reservar al menos el 6 por ciento del importe de los contratos para los Centros Especiales de Empleo y las Empresas de Inserción Social, en determinadas áreas de actividad laboral».

En este contexto, las empresas de economía social e inserción laboral, que representan aún un número reducido en Extremadura, constituyen uno de los «principales objetivos» de la Junta de Extremadura, según ha explicado el consejero de Economía e Infraestructuras.

«La intención es apoyar fuertemente a las empresas de esta naturaleza y que cuando dentro de unos años echemos la vista atrás, éstas hayan crecido de una manera muy importante en nuestra región porque eso significará que habremos logrado incorporar al mercado laboral a muchas personas que hoy tienen barreras que no se lo permiten», ha aseverado.