La organización agraria UPA-UCE se ha mostrado «más convencida que nunca» de que la propia entidad y sus dirigentes «actuaron correctamente en todo momento» y, por tanto, no se ha producido la comisión de «ningún delito», al mismo tiempo que asegura que se han detectado «graves errores» en la instrucción policial del presunto caso de fraude enmarcado en la operación Tellus, por lo que reclama la puesta en libertad de sus máximos dirigentes, Ignacio Huertas y Maximiano Alcón.
Así lo ha afirmado la organización tras conocer el contenido del informe aportado por la Junta de Extremadura a la instrucción judicial sobre el contenido, el alcance los procedimientos y la forma en que «de acuerdo con las normas que lo regulan» deben prestarse los servicios de asesoramiento.
El contenido del informe aportado por la Junta de Extremadura «valida íntegramente los trabajos realizados por UPA-UCE así como el procedimiento seguido por la organización para prestarlos», lo que «marca un punto de inflexión determinante en la instrucción del caso y debe producir, como primera consecuencia inmediata, la puesta en libertad de Ignacio Huertas y Maxi Alcón».
En una nota de prensa, la organización se hace eco de algunos párrafos de dicho informe, que considera «altamente esclarecedores»: «Los controles administrativos se han realizado sobre el cien por cien de las solicitudes de ayuda, presentadas al inicio, y sobre todas las solicitudes de liquidación que han sido presentadas cada año de los años 2013, 2014 y 2015.»
A continuación añade que «Del total de la muestra correspondiente, se realizó una selección aleatoria del 25% de las solicitudes de ayuda aprobadas[…] Como consecuencia de los 893 controles sobre el terreno realizados a beneficiarios en el periodo 2013-2015, asesorados por todas las entidades, no ha sido revocada ninguna solicitud.»
De esta forma, UPA-UCE considera «probado» que el servicio se prestó «correctamente y por tanto, sin perjuicio ni perjudicados, no hay delito».
Por otra parte, UPA-UCE ha detectado «graves errores» en la instrucción policial desarrollada por la Guardia Civil, entre ellos que basa en la declaración de un agricultor que sostuvo que UPA-UCE no le había prestado el servicio de asesoramiento.
«Efectivamente dicho agricultor, de igual nombre y apellidos que otro de su misma localidad, no recibió el asesoramiento por parte de UPA-UCE porque su entidad de asesoramiento no era UPA-UCE sino otra», señala la organización, que «de haber identificado correctamente al agricultor asesorado por UPA-UCE, la declaración que habría obtenido la Guardia Civil habría sido la de haber recibido íntegra, correcta y satisfactoriamente dicho servicio».
Estos hechos provocan que «en estos momentos la libertad de Huertas y Alcón sea ya un clamor, tanto a la vista de la situación de la instrucción como de mera aplicación humanitaria de la justicia».
Ambos dirigentes cumplieron la noche de Reyes dos meses en prisión preventiva, una medida que el ordenamiento jurídico califica como «muy excepcional». Durante este tiempo, ambos dirigentes y sus familiares «han estado sometidos a un estricto régimen de visitas y ni siquiera han disfrutado del beneficio, que sí han obtenido otros presos que cumplen privación de libertad por condenas firmes, de un permiso para pasar con sus esposas, hijos y familiares alguna de las señaladas fechas de las pasadas fiestas», según informa la organización.
UPA-UCE, por todo ello, se hace así eco del «clamor con que miles de agricultores y ganaderos, pero también ya buena parte de la sociedad extremeña, pide la inmediata puesta en libertad de sus máximos dirigentes, que ven la adopción de esta medida no como una medida de gracia, sino como una medida judicial pertinente, convencidos todos, de que si bien la justicia es ciega, o precisamente por serlo, ha de tener en consideración las nuevas circunstancias y el sufrimiento ya infringido».
