Desde el inicio del año, la falta de Presupuestos y el inicio de los trabajos para reformar el actual sistema de Financiación mantienen paralizados, de momento, los instrumentos de liquidez estatales. Los proveedores públicos temen que esto pueda traducirse en más retrasos en los pagos por parte de las Administraciones.
![[Img #54818]](upload/img/periodico/img_54818.jpg "Se frena la liquidez del Estado a las CCAA y se tensa el pago a proveedores")
Las Cuentas de 2016 (presentadas en agosto de 2015) cuantificaban en 25.000 millones de euros el apoyo financiero que el Estado ofrecería el pasado ejercicio a las regiones a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), de la Facilidad Financiera y del Fondo Social. Finalmente Hacienda aumentó esa cantidad en un 43%, al liberar préstamos por valor de 35.582 millones en total. En cualquier caso, las autonomías supieron con meses de antelación las cantidades de las que podrían disponer como mínimo.
Con la prórroga automática de los Presupuestos es de suponer que el Gobierno destinaría la misma cantidad -25.000 millones- a esos instrumentos hasta contar con un proyecto nuevo. Sin embargo, fuentes próximas al Departamento que encabeza Cristóbal Montoro reconocen que, en principio, para decidir cómo y cuánto se reparte este año habría que esperar a ver qué pasa con la reforma de la Financiación Autonómica, porque ésta puede conllevar que los instrumentos de liquidez ya no sean necesarios. Es una asunto, además que tiene que pasar por el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
El problema que esto plantea son los tiempos, puesto que el grupo de sabios al que se encargó una propuesta sobre el modelo de reparto territorial acaba de iniciar sus trabajos. El 28 de enero del año pasado ya se había repartido un primer tramo del Fondo de Liquidez (1.061 millones de euros) entre las comunidades adheridas al mismo.
Hasta la fecha y, en aras de esa vuelta a la normalidad, el Consejo de Ministros ha autorizado ya operaciones financieras a los territorios que en todos los casos se supeditan al cumplimiento de los objetivos de deuda fijados el pasado mes de diciembre.
Así, Cataluña recibió la autorización para refinanciar 1.378 millones y se permite también emitir a Madrid (4.077 millones de euros), Castilla y León (239 millones de euros), Navarra (405 millones de euros), Andalucía (1.951 millones de euros), La Rioja (30 millones de euros), Baleares (500 millones), País Vasco (1.000 millones de euros), Extremadura (100 millones de euros) y a la Comunidad Valenciana (2.422 millones de euros).
La falta de concreción sobre los instrumentos de liquidez de 2017 se suma al temor que ha suscitado entre autónomos y pymes la ley de contratación pública, que actualmente se encuentra en trámite parlamentario. La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad advierte de que el texto puede conllevar un retroceso en los derechos de los proveedores públicos, dado que volverá a permitir que las partes pacten plazos de pagos superiores a los legales.
Hacienda ya se vio obligada a intervenir a Extremadura y Aragón por el retraso reiterado al abonar sus facturas. De hecho, la Junta extremeña llegó a exceder los 100 días de plazo desde que reconocía el recibo emitido por el proveedor hasta que procedía a abonarlo.
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