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Acabamos de recibir una terrible noticia. Una mujer y su hija de cinco años han sido agredidas de forma inicua: un hombre cercano les ha arrojado un líquido caustico a la cara que les ha producido lesiones graves. Lo más estremecedor que nos hacer clamar contra la indefensión es que habían presentado diecisiete denuncias por ataques con ensañamiento y por fin el agresor ha conseguido su dañino propósito.

Tenemos muchas leyes  que exigen y  promueven la igualdad de todos los ciudadanos. Son las Cartas Magnas de  los países civilizados, La Declaración Universal de los Derechos Humanos, a las que hay que añadir  el Tratado de Roma y toda la extensa legislación de la Unión Europea, Reglamentos, Directivas, disposiciones administrativas. Lo que se debe hacer es aplicar la normativa y sobre todo promover  la educación, que penetre en el tejido social la convicción de  que todos los seres humanos son iguales y el respeto a todo ser humano, criterios que defiende la moderna sociología  y también cientos de menores son víctimas de esos ataques tremendos  que producen lesiones, en el supuesto de que conserven la vida, no solo físicas sino psicológicas que perduran en el tiempo

Nos invade un escepticismo al analizar lo infructuosos que resultan algunos sistemas de prevención, como las órdenes de alejamiento. Cuando una persona está amenazada y tiene al enemigo en su casa o alrededores  lo importante es que se le otorgue protección rigurosa, no una pulsera que identifique al agresor o el mandato de que se aleje. Se dice que es muy costoso, pero lo es mucho más la pérdida de una vida humana y la orfandad de tantos menores que tienen que pasar el resto de su vida sin un apoyo, sin una caricia materna y el recuerdo terrible de un progenitor asesino. No es suficiente con unos minutos de silencio ante los ayuntamientos o ante las casas de la tragedia, ni reportajes en los medios de comunicación con entrevistas a las personas atacadas. Hay que reaccionar. Todos, los poderes públicos, los Inspectores, policías,  tienen la obligación de proteger a la persona amenazada de forma efectiva.

En tiempos pasados, no tan lejanos se ha considerado como algo normal la inferioridad de la mujer y la escasa importancia de los niños. Recordemos que a pesar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, los derechos solos se concedían al hombre, la prueba es que una revolucionaria Olimpe Couges intentó que se extendieran a las mujeres y fue ejecutada. En España también recibió desprecios Clara Campoamor que pretendía el derecho al voto.

Aunque han pasado muchos siglos   lo triste es que   aún se establezcan tratos diferenciales entre los sexos, en las familias,  en los trabajos, en relación con los lugares de origen, en la esfera social, en las edades de los ciudadanos. Esta reciente agresión tiene que ser la última. Hay que exigir una protección total a los que estén amenazados.

La Constitución  es muy clara. Todos los españoles son iguales ante la ley. No puede prevalecer  discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social. Aplicar este precepto es lo que hay que exigir.

Debe conseguirse el respeto y valores sociales que procuran  la convivencia para alcanzar  el Universo moral, un  ideal que han señalado importantes filósofos contemporáneos y hasta que eso se consiga, proteger con todas las fuerzas existentes a las personas amenazadas que, como sabemos, ahora mismo con este reciente ataque tan cruel, termina con graves consecuencias que afectan a mujeres y niños, para consternación de toda la sociedad.


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