ANPE entiende que » todo trabajador y máxime en el caso de funcionario público, tiene derecho a pronunciarse, defenderse y ser defendido en el ejercicio de sus funciones, y es obligación de la Administración facilitar todos los mecanismos a su alcance para ello, mientras no exista prueba irrefutable de delito, que en su caso no daría pie al juicio mediático que estamos viviendo.»
ANPE indica que no valora el suceso hasta que no se pronuncie la justicia, ni » si los hechos argumentados por la acusación particular son susceptibles o no de ser punibles, o si la docente en cuestión infringió o realizó actuaciones que pudieran ser consideradas como tal. »
Este sindicato sí considera, debido a las consecuencias que se pudieran derivar de tal denuncia, » que una grabación de voz, que no de imágenes, realizada en un contexto descontextualizado, un aula educativa, donde se producen miles de situaciones que sacadas de contexto pudieran parecer justamente lo contrario de lo pretendido por los docentes que no es más que educar a sus alumnos, y máxime sin conocimiento de los particulares, pueda ser considerada como prueba en un juicio, pues en ese caso podría argumentarse las veces que situaciones con mismos actores y en otras circunstancias o tiempos no fueron grabadas y que pudieran condicionar o justificar la esgrimida, con ánimo de beneficio particular en caso concreto.»
Por último, ANPE señala en la nota informativa que ni defiende ni culpabiliza a nadie » pero sí pedimos respeto y presunción de inocencia a la docente acusada y por supuesto denunciamos y en su caso adoptaremos las medidas oportunas, para que en ningún caso una grabación premeditada y sin conocimiento de los particulares, sea utilizada como prueba incriminatoria a ningún docente.»
