Así lo ha anunciado el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Aurelio Blanco, tras entregar al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, esta memoria anual en la sede de la Presidencia del Ejecutivo regional.
En esta Memoria Anual de la Fiscalía, Blanco ha explicado que se recoge la evolución de la Administración de justicia desde el punto de vista del Ministerio Fiscal en la comunidad autónoma, la estadística de esa evolución y los problemas que se han ido encontrando a lo largo del año.
Al mismo tiempo, ha destacado que la Fiscalía se encuentra actualmente en «pleno proceso de innovación tecnológica», a la vez que ha señalado algunas de las sugerencias que formula este órgano, como realizar un cambio en el modelo previsto en la Ley de enjuiciamiento criminal para la investigación del Ministerio Fiscal, para que «sea un modelo que dé cierta autonomía a la fiscalía en la investigación».
Además, ha sugerido modificar los plazos de la instrucción previstos en dicha ley, que es de seis meses, ya que este plazo resulta «insuficiente» en muchos casos, porque «hay algunas figuras delictivas que son de difícil investigación, con unas pruebas muchas veces muy difíciles que conllevan más tiempo y no se pueden concluir en ese plazo».
Con respecto a la violencia en el ámbito familiar, Aurelio Blanco ha explicado que en algunos casos se trata de delitos cometidos por menores de edad, «un dato que preocupa», ya que cuando se toman medidas sobre menores infractores se «suele primar» la estancia del menor con la familia para poder corregir su comportamiento.
Sin embargo, como en los casos mencionados la violencia se produce en el seno de la familia «esa medida no sirve», por lo que hay que recurrir a centros de protección de menores, ya que son situaciones que si se mantienen dentro del ámbito familiar «pueden llegar a ser más graves y más preocupantes de las que actualmente se están produciendo».
Cabe destacar que este órgano colabora con la Junta de Extremadura en varias materias, como la protección y reforma de menores; la violencia contra la mujer y la trata, a través del IMEX; y también en la protección de personas que tienen algún grado de discapacidad intelectual y carecen de familiares que puedan atenderlas, a través de la Comisión tutelar de adultos de la Junta.
En otro orden de asuntos, y a preguntas de los medios en cuanto a la reclamación del impuesto sobre las instalaciones que incidan en el medio ambiente, conocido como ‘ecotasa’, por parte de empresas eléctricas, el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha señalado que la Fiscalía no es parte de dicho procedimiento y que no puede decir «nada» del mismo».
Por otro lado, y también preguntado por los medios por el caso el caso de las viviendas ilegales de la Sierra de Santa Bárbara de Plasencia, Blanco ha señalado que está pendiente de los recursos de apelación que, según ha considerado, piensa que «interpondrán los abogados de las personas investigadas».
Finalmente, Blanco ha indicado que la Fiscalía Superior de Extremadura formularía acusación sobre dicho caso si se ratificase el auto emitido por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
No obstante, ha dicho que no puede hacer «ninguna valoración respecto al tipo delictivo ni de las personas imputadas porque prefiere a que ese auto se afirme y se pueda seguir adelante en el procedimiento».
