Campaña viral ¡NO EN MI BUZÓN: «¡NO quiero ni un sólo sobre con propaganda y papeletas electorales! Ya las cogeré en el colegio electoral»

Se ha puesto en marcha una campaña viral ante lo que se considera un  derroche económico, el que supondrá la convocatoria del 10 de noviembre,  para reclamar a los partidos políticos que renuncien al buzoneo. «¡NO quiero ni un sólo sobre con propaganda y papeletas electorales! Ya las cogeré en el colegio electoral», dice el mensaje.

Serán unos 140 millones de euros en toda la movilización de recursos -humanos, materiales y logísticos- que precisan unas elecciones generales. De hecho,  el presupuesto inicial es el mismo que el de las generales de abril, 138.961.516,72 euros, que se tendrán que aprobar vía decreto en los próximos Consejos de Ministros como una ampliación de crédito del Fondo de Contingencia.

Pero esos casi 140 millones de euros no incluyen el buzoneo: otros 35 millones de euros más. Papeletas y sobres «que acabarán en la basura», dice el mensaje, porque ya están «en el colegio electoral». Un diputado del Grupo Mixto señalaba incluso, tras el pleno en el patio del Congreso, que «no hay quien explique a los españoles que tenemos el dinero para esto y no para las Comunidades Autónomas, que necesitan recursos para pagar la sanidad, la educación, la dependencia…».

Ese dinero, que el Ministerio de Hacienda dice que no puede liberar al estar en funciones desde el 28-A, contrasta con los créditos que sí se están aprobando para las repeticiones electorales… ya que las cuentas vigentes, las aprobadas por el Gobierno del PP para el año 2018, sólo contemplaban 62,8 millones de euros para gastos electorales.

Subvenciones a siete grupos

El caso es que la campaña viral exige a los partidos que renuncien al inmenso gasto que suman las subvenciones que el Estado da para la propaganda electoral. Según la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) 5/1985 de 19 de junio, «el Estado subvencionará a los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones los gastos electorales originados por el envío directo y personal a los electores de sobres y papeletas electorales o de propaganda y publicidad electoral».

El artículo 175.3) de la norma establece que «se abonarán 0,18 euros por elector en cada una de las circunscripciones en las que haya presentado lista al Congreso de los Diputados y al Senado, siempre que la candidatura de referencia hubiera obtenido el número de Diputados o Senadores o de votos preciso para constituir un Grupo Parlamentario en una u otra Cámara».

Es decir que, en un cálculo aproximado, y teniendo en cuenta que en el Congreso hay siete grupos –Socialista, Popular, Ciudadanos, Unidas Podemos, Vox, ERC y PNV-, de los cuales los independentistas catalanes y los nacionalistas vascos sólo se presentan en sus respectivas circunscripciones territoriales, el montante asciende a 34,7 millones de euros. Ésa es la cantidad que podría ahorrarse el erario en caso de que las formaciones políticas renunciaran a la subvención para el buzoneo.

Legalmente se puede

Expertos juristas en materia electoral consultados por este periódico han confirmado que la operación es posible. «Una campaña se puede hacer con o sin los envíos de propaganda y papeletas electorales». Es decir, que es una prerrogativa de los partidos «y que sólo se paga una vez que se ha hecho el gasto y se ha presentado la documentación del mismo y de que se cumplen los requisitos de la ley».

La nota viral propone que «todo aquél que esté de acuerdo» con la exigencia a las formaciones políticas, «lo comparta a ver si se hace viral y se enteran». Porque, como decía el único diputado representante de un partido regional citado más arriba, es «mejor invertirlo en ayudar a familias, en sanidad abriendo quirófanos, en investigación… invertirlo en algo que SÍ merece la pena y no en llenar nuestros buzones de papeletas que acabarán en la basura».

Lo curioso es que el acuerdo de Presupuestos Generales del Estado que firmaron solemnemente Pedro Sánchez y Pablo Iglesias el pasado 11 de octubre en la Moncloa ya recogía una idea cercana a la que ahora está haciendo furor entre los españoles. El texto, de 50 páginas, incluía en su punto 11.2) la modificación de la Ley Electoral «con el objetivo de acabar con las trabas del voto rogado», el establecimiento de «listas cremallera» por género y «realizar un mailing electoral único».

Aquel pacto queda lejísimos. Tanto como el recuerdo de que aquello fue reconocido más como «un programa de gobierno que como un mero proyecto para las cuentas nacionales» por parte de los negociadores de Unidas Podemos. Desde entonces, las partes se enfadaron, se reconciliaron, la ley fue «rechazada por las derechas y los independentistas» y eso nos llevó a las elecciones del 28-A. Las mismas que dieron a luz un nuevo Congreso que ahora decae…

Ahí sigue, criando polvo, aquel texto que, por cierto, ya preveía que éste sería un ejercicio muy electoral: contemplaba una partida de 302,9 millones de euros para procesos electorales y subvenciones. Más allá de las europeas, autonómicas y municipales, fijadas de antemano el 26 de mayo, socialistas y morados ya debían vérselas venir.

Fuente: EL ESPAÑOL.