Blanco-Morales ha comparecido ante los periodistas junto a Elena Manzano, la jurista designada por Extremadura en la Comisión de Expertos para la reforma del sistema de financiación autonómica, para explicar la postura de la región en este asunto y el voto particular emitido al respecto.
La consejera ha dicho que propuestas como la subida colegiada del IVA, que recoge el informe de la Comisión de Expertos, suponen «el mundo al revés», que «son los pobres financiando a los ricos», porque éste es «el impuesto menos redistributivo y más regresivo» que existe.
Esto a su juicio, «es una prueba de que había un sesgo en algunos de los expertos designados» que Extremadura no comparte y ante lo que está dispuesta a dar «cuantas batallas sean necesarias».
Para Pilar Blanco-Morales, «lo primero que tiene que hacer el Gobierno de la nación, a la vista del dictamen de expertos, es decirnos cuál es su modelo, que hasta ahora no conocemos».
Por el contrario, ha dicho, Extremadura sí tiene «un modelo bien asentado en unos principios», respaldados por el Parlamento regional, y que se recogen en el voto particular emitido por los expertos designados en la comisión por la comunidad autónoma.
En ese sentido, Elena Manzano ha explicado que la postura de la región es absolutamente contraria al principio de ordinalidad, que defiende Cataluña, ya que éste «no tiene encuadre en la Constitución, porque vulnera el principio de solidaridad», algo que comparte también con Andalucía y Castilla-La Mancha.
El voto particular emitido por Extremadura, según Manzano, propone un modelo que «es muy similar o parecido a los que ha habido hasta el momento», aunque «perfeccionado» y que se basa en la financiación suficiente para todas sus competencias a través de la «nivelación plena».
«Todos los ciudadanos, con independencia del territorio en el que residan, tienen que tener acceso a los servicios en unas condiciones de igualdad», ha defendido la experta extremeña, quien ha recalcado que el coste de estos no es igual en todas las comunidades autónomas.
Por ello, ha propuesto en su voto particular la creación de dos fondos, uno para servicios públicos esenciales y otro para el resto de servicios, y la materialización real del principio de solidaridad con el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), lo que no se cumple a día de hoy, según ha dicho.
A su juicio, el principio de solidaridad consiste en «canalizar y condicionar la inversión del Estado a territorios que realmente lo necesiten, no a la negociación puramente política como vemos si cogemos los presupuestos».
«El principio de solidaridad debe regir el FCI y el principio de suficiencia financiera debe regir el sistema de financiación autonómica» y eso es lo que plantea Extremadura en el voto particular que ha formulado con «mucho rigor», según Elena Manzano.
Además, Extremadura se ha sumado a los votos particulares de Cantabria, Aragón, Castilla y León, La Rioja y la Administración General del Estado, que apuesta por la defensa del «statu quo» , es decir que no se puede recibir una financiación menor a la del sistema vigente.
Por otra parte, Pilar Blanco-Morales ha defendido que «Extremadura no está sobre financiada, por mucho que se empeñen algunos de los expertos destinados por el Ministerio», y que en la negociación «el Estado no puede ser juez y parte».
Ha señalado también que al informe de los expertos le falta concretar «cuál ha sido la incidencia de la crisis económica y financiera en la distribución de los recursos y a la vista de ello qué lecciones podemos extraer para que el sistema tenga mecanismos que permitan un comportamiento anticíclico».
Blanco-Morales ha dicho que Extremadura está abierta a la negociación, al diálogo y al consenso, pero ha reiterado que hay un principio «inamovible» que defiende la Constitución y es que «todos los ciudadanos son iguales, con independencia de donde residan», es decir «la no territorialización de los recursos»
