Los tres sindicatos confían en que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) se pronuncie a su favor y que los 48.000 empleados públicos del ámbito de la Junta cobren, más pronto que tarde, las cantidades adeudadas que engloban el carácter retroactivo a enero de 2020.
En este sentido, las centrales sindicales, confían en un fallo favorable del alto tribunal. El abono de este incremento en las retribuciones básicas y en el complemento de destino es insuficiente al contravenir una orden del Gobierno de la Nación que dictaba el cobro de este incremento para todo el 2020.
CSIF, UGT y CCOO mantienen su voluntad de diálogo y negociación para llegar a cualquier acuerdo en esta materia con la titular de la Consejería de Administración Pública, para actualizar las retribuciones de los trabajadores públicos porque estamos convencidos de que no es asumible un recorte de derechos de los empleados/as públicos del ámbito de la Junta de Extremadura.
Cabe recordar que el conjunto de empleados/as públicos arrastra el recorte salarial de entre el 5 y el 10 por ciento que se comenzó en 2010, que se ha mantenido en años sucesivos por los distintos Gobiernos y sigue sufriendo los efectos de una pérdida del poder adquisitivo de entre el 12,9 y el 17,9 por ciento.
