España es un país que todavía conserva, confío en que, por mucho tiempo, un sector agroalimentario potente. En muchas regiones españolas se dan las condiciones adecuadas para poder mantener una destacada actividad agroalimentaria. Un clima benigno, suelos adecuados y agua regulada en cantidades suficientes hacen de España una gran despensa lista para alimentar a los ciudadanos españoles y a los turistas que nos visitan. Todavía restan recursos para que el sector agroalimentario sea uno de los principales exportadores en nuestro comercio exterior, contribuyendo de esta forma a mejorar nuestra balanza comercial.
El carácter estratégico de nuestro sector agroalimentario, incluye tanto la agricultura, ganadería y montes como la industria agroalimentaria, se ha puesto de manifiesto a lo largo de la pandemia provocada por el virus SARS – CoV – 2, conocida como coronavirus o Covid 19, en la que todo el sector ha respondido con presteza y eficacia para asegurar el abastecimiento alimentario a la población española. Sin la existencia de este potente sector, es altamente probable que hubiera tenido lugar el desabastecimiento de alimentos en los mercados españoles. Y las condiciones de la pandemia se hubieran vuelto todavía más complicadas para los ciudadanos.
Pues bien, parece que hay determinados estamentos del gobierno que desprecian la importancia de este sector y lo consideran como un elemento poco menos que residual. Piensan que con la Política Agraria Común (PAC) de la UE todo está resuelto. Y esto no es así. La PAC es un parche que cada día se revela más inútil para mantener la viabilidad de unas explotaciones agrarias que tienen que hacer frente a precios de venta estabilizados desde hace años y costes de los insumos en continuo aumento.
Como casi todos los españoles saben, el clima de tipo mediterráneo que rige en la mayor parte de España: toda menos la cornisa cantábrica y Galicia, hace imprescindible el uso del agua para la producción de cultivos en el período seco, entre mayo y octubre, y en los cultivos forzados de invierno.
Como consecuencia de todo esto y del clima existente, España ha necesitado regular agua en la importante red de embalses construida, para acumular los excesos de agua que se producen en los períodos lluviosos y utilizarlas en los períodos secos. En régimen natural, si no existieran los embalses, sólo podríamos regular un 9 % de la precipitación que llueve sobre España; con nuestra red de embalses estamos en más del 50 % de regulación. Excuso decirles que, sin esta regulación artificial, tan denostada por algunos que apoyan la nueva ¿cultura? del agua, en España las pasaríamos canutas para comer y beber. Y el turismo estaría reducido a la mínima expresión.
Gracias a esta red de acumulación de agua podemos mantener en España unos 3,7 Millones de hectáreas de riego, que además de generar importantes rentas y empleo, fijan la población en el territorio, suministran productos a la industria agroalimentaria, mejoran nuestra balanza comercial exterior y son un elemento de mitigación del cambio climático al actuar sus superficies cultivadas como sumideros de CO2.
Los regadíos, la parte del sector agroalimentario que más agua utiliza, lo hace en aproximadamente un 75 % del agua que se consume anualmente en España. Cada vez usa menos porcentaje del total porque los regadíos han sido objeto de un proceso de modernización muy intenso, con el fin de mejorar la eficiencia en el uso del agua. En la actualidad más de 2 millones de hectáreas ya se riegan por métodos de alta eficiencia (goteo y otros). Y el proceso de modernización continúa pues los regantes y sus Comunidades son los primeros interesados en que el regadío sea sostenible.
Pero a los talibanes del ambientalismo, todo esto les parece poco, y pretenden, al parecer, que los regadíos se reduzcan a la mínima expresión. Para ello son continuas las cortapisas ambientales que se les ocurren en un proceso de permanente agresión al sector del riego y por tanto al agroalimentario.
Sus maniobras son variopintas: por ejemplo, establecer durante todo el año caudales ecológicos para mejorar el estado de las masas de agua, cuando el caudal natural de la mayoría de los ríos españoles en verano tiende a cero. Por lo que estos caudales ecológicos en estiaje hay que suministrarlos desde los embalses reduciendo, en consecuencia, la garantía de los usos económicos, principalmente del regadío.
No contentos con la hazaña pretenden, amparados en la Directiva Marco del Agua (DMA), incrementar los costes del agua para el regadío y los otros usos, estableciendo nuevos cánones ambientales, pero sin tener en cuenta las cautelas que también establece la DMA, para casos en que se produzcan perjuicios sociales. Este apartado lo soslayan.
Toda esta estrategia es muy bien recibida por el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en donde se ubican varios funcionarios y asesores que defienden tesis ambientalistas y la presión sobre el regadío. Pretenden introducir estas malhadadas ideas en la redacción de los futuros planes hidrológicos. Lo cual puede afectar muy negativamente al riego y de paso al sector agroalimentario.
Veremos en qué termina la redacción de estos planes. Si van a por los regadíos se producirá además de la protesta y el enfrentamiento con los regantes, nuestro desabastecimiento agroalimentario en el futuro y pasaremos a depender del exterior en otro aspecto más. Y España seguirá hundiéndose, despoblándose y perdiendo fuerza y competitividad en el contexto internacional.
Pero esto es lo que hay. Al menos de momento. Espero que la sensatez se imponga. Pero tengo serias dudas.
