“LOS MIEMBROS DE LAS CORTES GENERALES NO ESTARÁN LIGADOS
POR MANDATO IMPERATIVO” Art 67.2 Constitución. SON LIBRES PARA
VOTAR.
Todos queremos las cosas claras y que las reglas de juego no se puedan cambiar a
capricho o beneficio de nadie.
Ponemos, como ejemplo, al fútbol y el control del VAR. Si sus normas y reglas fueran
impuestas por un equipo, faltarían la aprobación y la confianza de los demás. Los que
juegan prefieren que haya un árbitro imparcial, comprobar las jugadas dudosas (a través
del VAR) y que no queden a merced de lo que decidan otros competidores.
A nivel político, las reglas están ligadas al respeto de la propia conciencia y de la
Constitución y las leyes. Si alguien pretende cambiar las reglas de juego político, sería
rechazado, con toda la razón. Nadie aceptaría que se las modificaran a capricho de
ningún tribunal ni de ninguna ideología.
Nos referimos al tema del deporte por estar entre las fuertes aficiones de la gente y
porque la imagen tiene más fácil verificación que otro tipo de ideas complejas. La
simplicidad del fútbol permite que, de algún modo, haya una cierta evidencia verificable
con la última palabra del VAR.
Queremos remarcar y distinguir las palabras sinceridad y verdad que, frecuentemente,
se confunden. La “sinceridad” es a lo que el pueblo llama, normalmente, “verdad” en
cuanto a que se opone a la mentira. La verdad estricta se consigue raramente, dada la
complejidad de la misma.
La verdad, en la política, es casi un imposible lógico o metafísico, porque se trata de
opiniones diferentes que pretenden llegar a acuerdos entre opiniones distintas. Ya no se
trata de buscar la verdad, sino el acomodo, la aproximación, la conveniencia para las
diversas opciones. La palabra adecuada no sería la verdad, sino el “CONSENSO”.
Pasamos del concepto de verdad al de “bien”, que no es igual que verdad. La verdad es
la representación de las cosas, una visión del entendimiento. El consenso se refiere a la
voluntad, a coordinar opiniones distintas con diversos intereses. Se plantea a nivel
cuantitativo con cierta homogeneidad. La cualidad, la esencia, es otra cosa no reducible
a la cantidad.
Cambiar los términos (las palabras) en la interpretación de las leyes, es una trampa, una
falsificación de los contenidos de la ley. Esto ocurre, especialmente, cuando la
Constitución se retuerce para conseguir que se entienda en sentido distinto o contrario al
que se le dio por los constituyentes. La tentación de modificación del texto
constitucional suele coincidir con ideologías de tendencia totalitaria.
Otra cosa es que se viera la necesidad de ampliaciones, reducciones o contenidos
distintos en una nueva Constitución aprobada por todos; pero, mientras no se modifique,
nadie tiene derecho a cambiarla para imponer su ideología, sus intereses o sus reglas de
juego.
Cambiar las reglas, cambiar la Constitución sin seguir las reglas que la misma
Constitución establece para ser cambiada, es un fraude inadmisible y nulo de pleno
derecho.
El Tribunal Constitucional vendría a ser como el VAR en el fútbol. Tampoco puede
modificar a capricho la Constitución, sino verificar la autenticidad y el sentido de la
misma. Si el VAR pudiera hacer trampas, sería rechazado e inutilizado
automáticamente porque el VAR no puede modificar el vídeo, que es la prueba
definitiva. El VAR no puede ser partidista.
Tratar de cambiar la propia Constitución por intereses ideológicos o partidistas
merecería el rechazo automático de los partidos.
A pesar de que no son igualmente verificables la verdad del fútbol a través de la imagen
y, del mismo modo, la verdad de la Constitución, hay una verificación lo
suficientemente clara como para que se pueda entender.
Todo lo que se analiza por el VAR debe ser una muestra de lo que ocurrió realmente en
el campo. Nadie puede traer imágenes distintas de lo que ha ocurrido en realidad.
Lo mismo podríamos decir de la interpretación creativa del Tribunal Constitucional u
otro. El texto de la Constitución es lo aprobado por el 94% de los españoles y es la letra
y la Ley para todos, por encima de partidos, de cargos, de creatividad y de ideologías.
El intento de meter el “contrabando” de la amnistía o la autodeterminación es un fraude
contrario a la Constitución que no se puede imponer ni por el Ejecutivo, ni por el
Tribunal Constitucional, ni por la fuerza de los siete votos de los separatistas. Sería un
fraude tan grave que no quisiéramos pensar en sus consecuencias.
La aplicación de las leyes debe ser igual para todos, sin privilegio alguno ni en las
penas, ni en la valoración de la corrupción, ni en sus consecuencias.
Convertir la ley en un sistema de privilegios y prebendas para algunos y la marginación
de los más débiles es algo que parece en contradicción con los ideales socialistas. No se
puede blanquear o perdonar la corrupción ni los delitos por el hecho de pertenecer a un
partido con poder, mientras el común de los españoles paga sus multas y delitos con la
devolución de lo robado y las penas consiguientes.
La corrupción de los ERE (con unos 700 millones de euros), el indulto al despilfarro
durante varios años por el golpe de Estado en Cataluña, el cobro del 3%, la corrupción
de los partidos y las “vacas sagradas” que no se juzgan jamás, los cientos de millones
que se van a indultar con la amnistía y la eliminación del delito del golpismo, no pueden
silenciarse mientras un español cualquiera puede ser embargado por una multa de
tráfico o cumplir cualquier condena sin consideración ninguna.
La igualdad de todos los españoles ante la ley es imprescindible en una democracia
seria. Favorecer a determinados delincuentes por intereses inconfesables es una trampa
y un robo a los derechos de los demás españoles, que cumplen la ley y pagan sus
propios delitos.
Un golpe de Estado, venga de la izquierda, de la derecha o del propio Gobierno, no
puede ser eliminado como delito. Sería desautorizar a los tribunales de justicia y
convertir a los jueces y a la autoridad en delincuentes.
Si todos los grandes fraudes al Estado se devolvieran, se acabaría el paro en regiones
como Extremadura y para muchos jóvenes en España.
Esperamos que este fraude no ocurra, no se haga contra la Constitución, contra la
igualdad y contra la nación española. Sería una provocación de consecuencias
imaginables
PEDRO CAÑADA
PARTIDO REGIONALISTA EXTREMADURA UNIDA
