Hace unos días he tenido la oportunidad de asistir a las XXI Jornadas Técnicas organizadas por FENACORE (Federación Nacional de Comunidades de Regantes) en Madrid.
He sacado una conclusión final, tras escuchar las diferentes intervenciones de los ponentes y las conversaciones mantenidas en los pasillos durante los descansos: el regadío español está inquieto y preocupado. No ve un futuro seguro. Y esto es muy grave para la estabilidad de un sector que es estratégico para España. Aunque algunos políticos que dirigen los destinos de la nación, parecen ignorantes de la ineludible necesidad del regadío para nuestro país.
La importancia del regadío nace de la notable superficie de riego que existe en España, más de 3,8 Millones de ha, que ocupando un 15 % de la Superficie Agraria Útil, produce más del 60 % de la Producción Final de la Rama Agrícola. Gracias al regadío se generan rentas y empleo en el medio rural y se fija la población en el territorio impidiendo su vaciamiento demográfico. Las zonas rurales que mantienen o aumentan población, se encuentra en las áreas de España en las que hay regadíos.
Debido a las producciones agrarias del regadío mantenemos la soberanía alimentaria de España, ya que suministra en fresco o a través de los productos transformados en la industria agroalimentaria de la que es principal abastecedor, la mayor parte de los alimentos que necesitamos los españoles y los turistas que nos visitan. Y además se ha constituido en un importante sector exportador, que hace que nuestra balanza comercial sea positiva.
Expertos de la talla de Jaime Lamo de Espinosa aseguran que la agricultura española será de regadío o no será. A nivel mundial la FAO encomienda al regadío la tarea de eliminar el hambre en el mundo. Hoy, más de 800 millones de habitantes de la Tierra no disponen de alimentos suficientes.
¿Y a qué se debe la inquietud y preocupación existentes entre los regantes españoles? Pues a diversas causas que analizaremos, aunque sea a vuelapluma.
La primera es la desmesurada subida de los costes de los insumos agrarios necesarios para obtener las producciones en las explotaciones. Especialmente el de la electricidad, que inició un calvario para los regantes, con la desaparición en julio del año 2008 de las tarifas especiales de riego R0 y R1, lo que dio lugar a una subida alarmante del coste energético en contra de lo prometido. Todavía no se ha conseguido reducir este coste, por la vía de poder contratar dos potencias al año (período de riego y no riego) y de reducir el IVA.
Todo el proceso de modernización del regadío llevado a cabo para mejorar la eficiencia del riego – ya somos junto a Israel, el país que utiliza el agua de modo más eficiente – en la mayor parte de los casos conlleva un incremento del uso de la energía. La subida de los costes energéticos se ha sumado al de las inversiones que hay que asumir en la modernización del riego.
Pero también se han incrementado sensiblemente el precio de otros insumos: combustibles, fertilizantes, semillas y plantones, fitosanitarios y laborales, que están poniendo en un brete a la capacidad de pago de las explotaciones de riego.
Las presiones ambientalistas dimanantes de la normativa europea y, especialmente en relación con el riego, de las disposiciones de la Directiva Marco del Agua (DMA), en la que se basa la redacción de los planes hidrológicos, cuyo tercer período de planificación (2022 – 2027) ha sido recientemente aprobado, es un motivo de grave preocupación del sector del riego, ya que estos nuevos planes no aseguran con la garantía suficiente la disponibilidad de agua para nuestros regadíos.
El incremento notable de los caudales ecológicos – un concepto acuñado en España pues la DMA no dice nada sobre ellos – determinados sin estudios previos serios que valoren el método de cálculo, ni sus consecuencias jurídicas, económicas y sociales, dado su carácter de restricción previa a los sistemas de explotación, hace que la garantía del riego se vea disminuida. Se estima en un 16 % la parte de la regulación que se llevan los caudales ecológicos y que ha de restarse de las disponibilidades para otros usos, entre ellos el regadío.
Por cierto, como la mayor parte de los ríos españoles presenta en régimen natural en la época de estiaje unos caudales prácticamente nulos, los caudales ecológicos hay que suministrarlos desde los embalses de regulación que se construyeron para abastecimiento o regadío en su mayor parte.
Y en lugar de incrementar la capacidad de regulación, mediante la construcción de nuevos embalses, que además son necesarios dadas las previsiones de los expertos en cambio climático que aseguran que habrá más períodos de sequias, nos encontramos en uno de esos períodos secos lo que preocupa seriamente a los regantes de algunas cuencas, y más frecuencia de episodios de lluvias torrenciales, la política del Ministerio de Transición Ecológica, que cede alegremente a las presiones de lobbies ecologistas radicales, es la de no sólo no construir ninguno, sino desmantelar alguno de ellos. Como se ve una barbaridad que pagaremos muy cara si alguien no detiene este disparate.
Los representantes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que asistieron al evento, mostraron su apoyo al regadío, al que consideran la joya de la corona de la agricultura, pero no tienen las competencias sobre el agua y en este sentido por muy buena voluntad que ponen, están sometidos a la política ambiental y conservacionista a ultranza que se sigue desde el Ministerio de Transición Ecológica. La cual es contraria a los regadíos.
El regadío español espera una reacción de la administración y la toma de decisiones gubernamentales, que hagan que en el más breve plazo desaparezca la inquietud que padece el sector, de modo que los regantes puedan dedicarse a su oficio de siempre: producir alimentos para los españoles a precios asequibles en un regadío sostenible.
