La Administración Pública podrá actuar en fincas privadas para prevenir los incendios

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Aunque la propuesta ha contado el respaldo unánime de la Cámara, los grupos de la oposición han expresado sus dudas respecto a cómo se tramitará el pago por parte de los propietarios de estas fincas de los trabajos que la Junta lleve a cabo en las mismas en materia de prevención de los incendios.

En su defensa de la iniciativa, la consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Medio Ambiente, Begoña García Bernal, ha recordado que hasta ahora la Administración tenía que entrar en montes privados a través de ejecución subsidiaria, en muchos casos con autorización judicial.

Sin embargo, la gravedad de incendios como el ocurrido el pasado verano en Sierra de Gata han puesto de manifiesto la necesidad de tomar esta determinación, y ha recordado, a modo de ejemplo, que de los 33 grandes incendios ocurridos en Extremadura desde 2003 (donde se han quemado más de 500 hectáreas) en 26 se iniciaron en monte privado.

García Bernal ha garantizado el respaldo jurídico de la modificación del artículo afectado (el 38) y del Consejo Asesor de Medio Ambiente, que precisamente debate hoy sobre los dos primeros decretos de declaración de interés general con carácter gratuito en el Valle de Jola, en Valencia de Alcántara (Cáceres) y Valle de Árrago, en Sierra de Gata.

En concreto se determinan actuaciones, que deberán ser aprobadas por Consejo den Gobierno, en los términos municipales de Valencia de Alcántara, Descargamaría, Cadalso, Robledillo de Gata y Santibáñez el Alto, “gobernados por PP y PSOE, porque el monte y la vida de la gente no entienden de colores políticos”

Sin embargo, la portavoz del PP, Virginia Alberdi, aunque ha dado su respaldo a la modificación, ha criticado que la Junta haya tardado dos años en llevarla al Parlamento y quiere tramitarla “con urgencias y prisas y sin escuchar a los implicados”, una crítica que ha sido replicada por el PSOE y la consejera, que han recordado que el PP no hizo nada en sus cuatro años de gobierno.

Alberdi, que ha reclamado una mayor planificación y que se abra una línea de ayudas para los propietarios que quieran colaborar con la Administración en esta labor, también ha expresado sus dudas respecto a como se determinará que propietario paga y quien no y espera que no haya discriminación “y se convierta en una caza de brujas”.

Por parte de Podemos, su portavoz, Eugenio Romero, ha respaldado los argumentos expuestos por la consejera, aunque esta es solo una de las medidas que se solicitaron en las conclusiones de la comisión parlamentaria que investigó los incendios en Sierra de Gata.

Romero ha indicado que el hecho de que no haya habido alegaciones en su tramitación, pone de manifiesto que “es bienvenida” por la sociedad extremeña y se evitará que ciertas zonas “se conviertan en un polvorín”.

No obstante, espera que la Junta “no exonere del pago a las grandes fincas” y ha abogado por actuaciones que impliquen a los vecinos de esas zonas en su cuidado, mediante la gestión de esas fincas abandonas, ya que además es una actuación que “está amparada por la Constitución”.

Por último, María Victoria Domínguez, portavoz de Ciudadanos, se ha mostrado de acuerdo con la modificación, pero ha defendido que la administración intente, antes de cualquier actuación, que los propietarios cumplan con su obligación. 


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