Juan Carlos Nieto se enfrenta a seis meses sin empleo ni sueldo por ayudar a ciudadanos sin cita previa, en Mérida
Mientras la Administración insiste en que los procedimientos deben cumplirse, un trabajador del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) de Mérida ha acabado expedientado por hacer algo tan sencillo como atender a personas que acudían a una oficina pública en busca de ayuda. Su caso ha despertado una oleada de apoyo ciudadano y reabre un debate incómodo: ¿debe prevalecer el protocolo cuando delante hay una persona vulnerable que necesita una solución urgente?
Entre la norma y la conciencia
Juan Carlos Nieto lleva quince años trabajando en el SEPE y acumula treinta y siete años de servicio público. Nunca antes había sido objeto de un expediente disciplinario.
Su situación cambió después de que optara por aprovechar los huecos libres de su jornada laboral para atender a ciudadanos que acudían a la oficina sin cita previa.
No se trataba de alterar el funcionamiento ordinario ni de retrasar las citas programadas. Según explica el propio trabajador, todas las citas oficiales eran atendidas con puntualidad y, además, muchos trámites se resolvían en apenas unos minutos. A ello se sumaba un porcentaje considerable de ausencias que dejaban franjas horarias vacías.
Fue precisamente en esos espacios donde decidió ayudar a quienes llegaban desesperados buscando un certificado, una prestación o un documento imprescindible para solicitar ayudas sociales.
Ahora, esa decisión podría costarle una suspensión de empleo y sueldo de hasta seis meses e incluso un traslado forzoso.
Cuando la cita previa se convierte en un muro
La historia de Juan Carlos no gira únicamente en torno a un expediente disciplinario. También refleja una realidad que miles de ciudadanos conocen demasiado bien.
La cita previa nació como una herramienta para ordenar la atención al público. Sin embargo, para muchos usuarios ha terminado convirtiéndose en una barrera difícil de superar.
Personas mayores, desempleados de larga duración, ciudadanos con escasos conocimientos digitales o familias en situación de vulnerabilidad se encuentran frecuentemente con sistemas telemáticos complejos, teléfonos saturados y semanas de espera para conseguir una atención presencial.
En muchos casos, la documentación que necesitan es imprescindible para acceder a ayudas alimentarias, bonos sociales o prestaciones económicas básicas.
Frente a esa realidad, Nieto decidió actuar.
«Me pagan para atender a los ciudadanos», sostiene.
Una ovación frente a la oficina
La repercusión del caso quedó patente este miércoles en Mérida.
Más de un centenar de personas se concentraron frente a la oficina del SEPE para mostrar su respaldo al trabajador.
La convocatoria, impulsada por organizaciones sociales y sindicales, convirtió la puerta del organismo en un símbolo de una reivindicación más amplia: la necesidad de una Administración accesible para todos.
Muchos de los asistentes no acudían únicamente a defender a Juan Carlos Nieto. También querían denunciar las dificultades que encuentran cada día para acceder a servicios públicos esenciales.
La escena resultó especialmente significativa cuando el funcionario salió a disfrutar de su descanso reglamentario y se encontró con una larga ovación de apoyo.
Extremadura y las distancias invisibles
El problema adquiere una dimensión especial en Extremadura.
La implantación del llamado «distrito único» permitió que los ciudadanos fueran atendidos en cualquier oficina con disponibilidad, independientemente de su municipio de residencia.
La medida, diseñada para aliviar la presión en grandes ciudades, ha generado situaciones complejas en una comunidad autónoma marcada por la dispersión geográfica.
Según denuncia Nieto, algunos usuarios han llegado a recorrer más de cien kilómetros para realizar gestiones administrativas que antes podían resolver en su localidad.
En una región donde muchas familias viven con recursos limitados, esos desplazamientos suponen un coste añadido que a menudo resulta difícil de asumir.
La función pública según Juan Carlos
A lo largo de su trayectoria profesional, Nieto asegura haber mantenido numerosas discrepancias sobre la forma de entender el servicio público.
Mientras algunos defienden una aplicación estricta de los procedimientos, él reivindica otro enfoque.
Uno basado en la cercanía.
En la escucha.
En la empatía.
Para él, la función pública no consiste únicamente en cumplir protocolos, sino también en comprender las circunstancias de quienes acuden a una ventanilla buscando ayuda.
Una visión que hoy le sitúa en el centro de una polémica que trasciende su propio caso.
LUPA DEx
El expediente abierto contra Juan Carlos Nieto plantea una cuestión que afecta al conjunto de las administraciones públicas: hasta qué punto la digitalización y los procedimientos burocráticos están alejando los servicios públicos de las personas más vulnerables.
El caso no enfrenta únicamente a un trabajador con sus superiores. En realidad, simboliza el choque entre dos modelos de Administración.
Uno basado en el cumplimiento estricto de las normas.
Otro que defiende que las normas deben estar al servicio de los ciudadanos y no al contrario.
La resolución del expediente determinará el futuro profesional de este funcionario. Pero el debate sobre el acceso real a los servicios públicos seguirá abierto mucho después.
CIERRE
A la espera de que la Administración decida si archiva o mantiene la sanción, Juan Carlos Nieto continúa defendiendo que hizo exactamente aquello para lo que fue contratado: atender a la gente.
Y quizá esa sea la pregunta que permanece flotando en Mérida mucho más allá de cualquier expediente.
La pregunta final es : ¿Qué debe hacer un funcionario cuando tiene delante a una persona que necesita ayuda y dispone del tiempo necesario para prestársela?
Fuente: Información basada en una entrevista y reportaje publicados por El Español.
