Los casos notificados revelan que casi la mitad están causados por negligencia de sus cuidadores
El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha considerado que, al igual que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, hay un infrarregistro en los casos notificados de violencia en el ámbito de la infancia y la adolescencia que se tienen a nivel nacional, el único que hay.
«Hay que cambiarlo porque hay formas nuevas de violencia que no están incorporadas al registro», ha declarado a los medios antes de presidir el pleno del Observatorio de las Familias y la Infancia de Extremadura (FIEX), órgano colegiado que orienta y asesora las políticas en esa materia.
Esa revisión del registro forma parte de la estrategia de la Ley Orgánica, aprobada en 2022, de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI). El registro nacional ofrece más de 21.000 casos de alguna forma de violencia y alrededor del 46 por ciento de ellos son consecuencia de ciertas negligencias por parte de los cuidadores o familiares, según ha dicho el consejero, por lo que considera que hay que incidir en ese aspecto para la protección a la infancia y la adolescencia.
El objetivo es que en 2025 haya un registro unificado y también sectorizado por comunidades autónomas. Vergeles ha señalado que el Observatorio y concienciación del buen trato a los niños y niñas, el fomento de los consejos de participación de la infancia y la adolescencia en diferentes municipios, así como el Consejo Regional. Ha destacado también el despliegue que se ha hecho por toda Extremadura con los programas de familia asociados a los servicios sociales de atención básica y muy dirigidos al ámbito de las familias, infancia y adolescencia.
El pasado año se puso en marcha una nueva web y se ha impulsado la presencia en las redes sociales «con muy buen resultado», ya que hay una parte de niños, niñas y adolescentes que «viven dentro de las redes y su uso es fundamental». Otro de los temas abordados ha sido el incidir en el «buen trato» en el ámbito escolar porque pueden producirse situaciones como el acoso o bullying «que lleven a problemas de salud mental y derivar en consecuencias más graves».
