La vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, ha anunciado que la Junta de Extremadura aplicará la subida retributiva del 2% a todos sus empleados públicos en la nómina del mes de mayo, con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2020, en cumplimiento del acuerdo firmado con los representantes sindicales, y enmarcada dentro de las obligaciones presupuestarias. Un incremento que supone un coste para las arcas autonómicas de más de 55 millones de euros.
» Hay que tener en cuenta que la subida salarial del II Acuerdo para la Mejora del Empleo Público y de Condiciones de Trabajo 2018-2020 rubricado entre el Estado y los representantes sociales no es de aplicación directa a las comunidades autónomas, sino que tiene que ser negociado por cada una de esllas en sus respectivos órganos» se indica por parte de la Junta en un comunicado.
Asimismo, el Ejecutivo extremeño ha mostrado su compromiso con los empleados públicos y ha aplicado el máximo incremento permitido en cada uno de los ejercicios. Una subida equitativa que consolida la masa salarial de los empleados públicos que desde 2016 acumulan un incremento retributivo del 8%.
La subida retributiva, negociada este miércoles 4 de marzo con los agentes sociales en la Mesa General de Negociación de la Administración, conllevará aplicar medidas de ajustes en otras cuestiones.
En concreto, del acuerdo regional firmado en 2018 se verían afectadas solo dos medidas: carrera profesional y reducción de la jornada docente; que en el primer caso quedaría suspendida hasta que las condiciones de estabilidad lo permitan y en materia educativa, pasaría de 18 a 19 horas lectivas semanales.
Ambas cuestiones, acordadas y firmadas con los representantes sindicales en 2018, estaban supeditadas al cumplimiento de las condiciones de estabilidad presupuestaria que fija la lesgilación basica del Estado para cumplir con los compromisos de la Unión Europea.
Además, Blanco-Morales ha remarcado que también el acuerdo adoptado en materia retributiva en el ámbito estatal, rubricado por los propios representantes sociales, estaba condicionado a la coyuntura económica.
