Así lo ha anunciado la consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura, Begoña García, en rueda de prensa este viernes en Mérida tras conocer la resolución del Ministerio de Agricultura, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) sobre la limitación de hectáreas de plantación para cava.
En su intervención, Begoña García Bernal ha advertido que la administración extremeña recurrirá esta decisión del Gobierno central ante todas las instancias administrativas y judiciales, ya que la medida «carece de fundamentos jurídicos y altera la libre competencia del mercado».
De esta forma, García ha señalado que esperan que este recurso de alzada contra esta resolución sea atendido por el Mapama, de lo contrario, ha dicho, se continuarán con las «acciones judiciales oportunas» para que no se lleve a cabo esta restricción.
OPOSICIÓN «FRONTAL Y ABSOLUTA»
En esta línea, la Junta ha mostrado su «oposición frontal y absoluta» a la decisión del Mapama, porque, según ha considerado García Bernal, «no solo limita las nuevas plantaciones sino también las replantaciones y la conversión de los derechos de las replantaciones, es decir, limita absolutamente todo», ha dicho.
De este modo, la consejera extremeña ha considerado que el «Gobierno central de Mariano Rajoy demuestra de nuevo su rechazo a Extremadura», ya que con esta resolución se limita a «un sector generador de empleo y a un sector que genera confianza para la región, formado por viticultores y bodegueros que hacen un trabajo impecable en el mercado nacional e internacional».
MOTIVOS DEL RECHAZO A LA RESOLUCIÓN
Según ha apuntado la consejera, los motivos del rechazo a esta resolución tienen una «doble causa», por un lado, las razones son comerciales, ya que, según ha considerado, es «rigurosamente falso que haya problemas comerciales» con el cava extremeño.
Asimismo, existen motivos jurídicos ya que la resolución tomada no está fundamentada con «criterios objetivos» trascendiendo la realidad del sector, apoyando al blindaje de la producción de una región mediante el freno al crecimiento y desarrollo de Extremadura.
Por lo tanto, esta resolución «sin fundamento jurídico» atenta, ha dicho la consejera, «contra la libre competencia y no atiende a la demanda de crecimiento de ventas en el mercado exterior e interior que está experimentando el cava extremeño», ha asegurado la consejera.
Por todo ello, el ejecutivo autonómico «va a pelear» y a «luchar» por un sector en Extremadura «generador de empleo, riquezas y confianza de una región», ha concluido Begoña García.
LIMITACIÓN «DRÁSTICA»
El director general de Agricultura y Ganadería, Antonio García Cabezas, ha aseverado que se trata de una limitación «drástica», ya que en el cava extremeño «si hay salida comercial», muestra de ello es que la región ha tenido un crecimiento de «400 a 1.450 hectáreas en el último año».
Así, Cabezas ha considerado que «no tiene sentido restringir la plantación» porque «no hay problemas de mercado», sino «un problema de una decisión política que perjudica a Extremadura y a los intereses de sus agricultores y bodegueros», ha dicho.
De esta forma, ha considerado que esta medida supone una «paralización de las iniciativas de los agricultores», a la vez que atenta contra «la libre competencia y contra el desarrollo del sector».
La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio ha comunicado esta oposición al Ministerio de Agricultura y, además, ha trasladado las resoluciones adoptadas en la Asamblea de Extremadura que van en la misma línea y que han sido apoyadas por todos los partidos políticos.
Asimismo, ha mantenido contactos con la Comunidad de Valencia, también afectada por esta restricción, y que comparte la oposición a la misma con Extremadura.
Además, la Junta de Extremadura, junto con el sector, ha elaborado un informe técnico y jurídico que ha tramitado ante el Ministerio en el que se detalla la frontal oposición a esta restricción.
Destaca el Ejecutivo regional además que las ventas de cava extremeño se han multiplicado por diez en los últimos diez años y las bodegas de la región no han podido satisfacer este año la demanda de sus clientes teniendo que declinar solicitudes de compra.
RESOLUCIÓN DEL GOBIERNO DE ESPAÑA
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes la resolución que fija para 2018 la superficie que se podrá conceder para autorizaciones de nuevas plantaciones de viñedo a nivel nacional y que limita a 57,4 hectáreas la superficie disponible para la producción de cava en todo el territorio del país.
La Resolución de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios estima «parcialmente» la recomendación del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) ‘Cava’ de limitar las plantaciones, por lo que se aplicarán restricciones a las autorizaciones de replantación y de conversión de derechos de replantación que destinen su producción a la elaboración de vinos de esa DOP, por entender que pueden suponer un «riesgo de devaluación signficativa» de la propia denominación.
De esta manera, se concederán solicitudes «hasta un límite máximo de 57,4 hectáreas de superficie concedida», señala la resolución del BOE, recogida por Europa Press.
Asimismo, la resolución fija en el 0,52 por ciento el porcentaje a nivel nacional de la superficie plantada de viñedo a 31 de julio de 2017, que se podrá conceder para autorizaciones para nuevas plantaciones en 2018, lo que equivale a 4.950 hectáreas en todo el territorio nacional.
Estima por otro lado las recomendaciones recibidas del Consejo Regulador de la DOP ‘Rioja’ y de la Organización Interprofesional del Vino de Rioja, de modo que la superficie disponible para autorizaciones de nueva plantación de viñedo para ‘Rioja’ se limita al 0,1 por ciento.
