Blanco-Morales ha realizado estas declaraciones este jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura, donde ha recordado que la Junta de Extremadura carece de competencias para intervenir o fiscalizar los planes que la entidad pretende llevar a cabo, al tiempo que ha explicado que las competencias sobre los bancos le corresponden al Banco de España.
Ha añadido que la Administración autonómica lleva años trabajando por el interés común de todas las partes, con el objetivo de garantizar los servicios bancarios en todo el territorio, a la vez que ha insistido en que las competencias en materia de supervisión bancaria, no las tiene el Gobierno de la región, sino el Banco de España. Así, ha apuntado que la Junta de Extremadura trabaja para que las entidades de crédito que operan en la región ofrezcan servicios financieros adecuados a los vecinos de los pequeños municipios, con la finalidad de evitar la exclusión financiera de estas zonas.
La titular de Hacienda coincide con la valoración de los agentes sindicales, al asegurar que el Expediente de Regulación de Empleo propuesto por Ibercaja no está justificado. Blanco-Morales reclama que impere la racionalidad en la reordenación de las estructuras comerciales, para asegurar el servicio bancario a todos los extremeños.
Así, ha recordado que desde el año 2012, como consecuencia de la última Reforma Laboral planteada por el Gobierno de la Nación, el papel de la Administración en el procedimiento de un Expediente de Regulación de Empleo, prácticamente ha desaparecido. Por esta razón, la Junta no puede desempeñar el papel que anteriormente tenía, como autoridad laboral regional responsable de autorizar los mismos.
No obstante, la consejera de Hacienda ha afirmado que los Expedientes de Regulación de Empleo son una de las consecuencias del impacto desigual que ha tenido a lo largo de la geografía española la reestructuración bancaria, consentida por el Partido Popular.
LOS DATOS
Desde que comenzó la crisis, entre 2008 y finales de 2016, la red de oficinas bancarias en España se redujo un 37´2%, volviendo a niveles de hace 30 años. En Extremadura un 14% menos, lo que supuso una reducción de 233 oficinas. Pasamos de 1.197 oficinas en 2008 a 964 oficinas a finales de 2016.
La profunda crisis financiera, ha detallado, supuso la desaparición de numerosas entidades de crédito, entre ellas algunas cajas de ahorros extremeñas. En este proceso, ha recordado, el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, el 23 de diciembre de 2011, autorizó al Monte de Piedad y Caja General de Ahorros de Badajoz, a formar parte de la entidad de crédito de Caja3.
Más tarde, el 5 de mayo de 2014, autorizó la transformación de la Caja, con la pérdida de su condición de entidad de crédito, en una Fundación de carácter especial. Por lo que estos acuerdos de Consejo de Gobierno, ha destacado, certificaron la desaparición de Caja Badajoz como entidad de crédito.
Finalmente, Blanco-Morales ha reiterado el compromiso del Ejecutivo autonómico, en el ámbito de sus competencias, con el objeto de garantizar a los ciudadanos los servicios de cualquier naturaleza en todo el territorio.
Hernández Carrón ha advertido de que la realidad de la entidad es muy distinta a la que se vendieron los responsables de Caja Badajoz en 2014 con la fusión, ni apego a la tierra ni a su gente, «una fuerte patada a Extremadura».
El diputado popular ha considerado que con este «hachazo» la antigua Caja Badajoz «desaparecerá por completo».
A su juicio, ha habido margen de maniobra para reaccionar, ya que el plan estratégico de Ibercaja se presentó hace dos años.
Jaén ha abogado por hacer algo y se ha mostrado dispuesto a ir de de la mano con la Junta de Extremadura a reunirse con la dirección de Ibercaja y el Gobierno aragonés.
La portavoz de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, ha dicho que no se puede «engañar a nadie», ya que al ser el Estado la autoridad competente desde aquí no se puede hacer nada.
Domínguez ha considerado que este plan de ajuste es un «golpe» al mundo rural que no ayuda a evitar la despoblación y ha hablado de plantear «medidas contundentes» en el Congreso para que «Extremadura no pague».
