Según ha explicado José María Vergeles, “hay que ser contundentes con esta pandemia y lo vamos a seguir siendo”, de tal modo que “se barajan todas las posibilidades” y ha recordado que la situación epidemiológica de Extremadura no es, afortunadamente, la de otras comunidades autónomas (con un mayor número de infecciones, personas ingresadas y en UCI), aunque “tenemos que tener en Extremadura todas las herramientas para que tal situación no se produzca”.
Para el consejero de Sanidad, durante esta nueva normalidad los brotes que se puedan producir han de ser detectados lo antes posible, prevenidos en la medida de lo posible y, sobre todo, “evitar a toda costa que haya una transmisión comunitaria descontrolada”.
A pesar de que “lo hemos hecho muy bien los extremeños en las fases de la desescalada y lo tenemos que seguir haciendo así”, y de que “somos la comunidad con el mayor uso de la mascarilla”, ha afirmado el consejero que se ha detectado en el seguimiento epidemiológico determinadas situaciones que están provocando contagios y que “se deben a un cierto relax en las medidas de prevención, distanciamiento social y uso de las mascarillas”. Y eso, ha asegurado, nos está llevando a situaciones de contagios en el ámbito comunitario que dan origen a brotes.
José María Vergeles espera no tener que tomar más medidas pero “ha de saber la ciudadanía que sigue primando la salud por encima de cualquier cosa” y “tenemos que estar pendientes, atentos, vigilantes, preocupados, ocupados y permanentemente en alerta para que no nos contagiemos, porque el virus sigue con nosotros”.
El consejero de Sanidad y Servicios Sociales espera también que la medida del uso obligatorio de mascarillas sea entendida, se siga y que las infracciones sean las menos positivas porque eso será “buena señal”. Y estará deseando “desescalar también esta medida”, una vez que se produzca un control importante en el número de personas en seguimiento en todo el territorio regional.
La no utilización de la mascarilla será considerada infracción en materia de salud pública y, siguiendo el régimen sancionador, podría acarrear multas de entre 100 y 6.000 euros. Para su control se contará con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Se establecen, según contempla del decreto de nueva normalidad, algunas excepciones para personas con algún tipo de problema de salud mental o de carácter respiratorio.
