El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura Sección de
Cáceres (TSJ) ha dado la razón a los Servicios Jurídicos de la USO, revocando una Sentencia
de Instancia del Juzgado de lo Social Número 3 de Plasencia, respecto de sendos
trabajadores, que ostentaban la Categoría de “Peón Especializado en la Lucha Contra
Incendios”, en virtud de contratos eventuales por circunstancias de la
producción, reconociendo la situación de Fraude de Ley de este tipo de contratación,
contraponiéndola a la figura del Fijo Discontinuo, y consecuentemente reconociéndoles
la condición de Indefinidos, y por ello la improcedencia del despido y el derecho a ser
readmitidos, o en su caso indemnizados.
Cada verano, la Junta de Extremadura aumenta la plantilla de personal del Plan INFOEX
contratando a más de 200 peones especializados para hacer frente a la época de peligro
alto de incendios, situación que, según se recoge en la Sentencia y en la Legislación
vigente, no puede ser atendida con personal temporal con contratos de eventual por
circunstancia de la producción, sino que debería ser atendidos por los mismos
trabajadores discontinuos que realizasen esas funciones cada año. Esta situación se viene
produciendo desde hace más de 15 años y, tanto la Junta como los sindicatos presentes
en la Mesa de Negociación, han mirado hacia otro lado, fomentado el trabajo precario
para este colectivo de trabajadores y trabajadoras.
Esta sentencia, a pesar de no ser firme todavía, abre la puerta a que este colectivo de
trabajadores y trabajadoras denuncien su situación de precariedad laboral y demanden
una solución a esta situación, solución que pasa por la transformación de sus contratos en
indefinidos discontinuos, como reconoce la sentencia del TSJ, así como la creación de
estos puestos en la Relación de Puestos de Trabajo en la Consejería correspondiente.
Hasta el momento, desde la Asesoría Jurídica de USO en Extremadura se han presentado
más de 30 demandas de trabajadores que están en esta situación y se prevé que el
número de demandas aumenten, por lo que pedimos a la Junta de Extremadura que para
la próxima campaña de riesgo alto se regularice esta situación a fin de evitar posibles
despidos improcedentes que conllevaría la correspondientes indemnizaciones,
perjudicando gravemente a las arcas públicas, indemnización fijada por el TSJ en 814€
para cada trabajador por cada campaña que hayan sido contratados para realizar estas
funciones, teniendo alguno de ellos más de 7 campañas consecutivas
