El drama de la vivienda exige proteger a quien puede perder su casa, respetar a quien la alquila y pedir cuentas a quienes gobiernan. Ya va siendo hora.
Paco de Borja.
A los 87 años, uno debería andar pendiente de si hoy le duelen menos las rodillas, de la llamada de los hijos o de qué va a preparar para comer. Bastante tiene la vejez con sus achaques para añadirle el miedo a que llamen a la puerta y haya que marcharse de casa.
Pienso en eso al ver lo ocurrido con Maricarmen. En lo que debe de costar, a esas alturas de la vida, aprender otro camino hasta la farmacia. Acostumbrarse a otros ruidos. Preguntar dónde está el interruptor. Son detalles pequeños, sí. La vida está hecha casi entera de detalles pequeños, aunque no quepan en un expediente.
Maricarmen fue desahuciada el pasado 23 de septiembre de la vivienda madrileña en la que había vivido durante décadas. Y antes de que alguien saque a pasear el argumentario de la ocupación, conviene aclararlo: el litigio no nació de un impago, sino de la extinción de un contrato de renta antigua firmado en 1956, que había pasado de su padre a su madre y después a ella. La Audiencia declaró extinguido el alquiler y un auto del Supremo dejó firme la decisión.
Ese es el punto de partida. Luego cada cual puede opinar lo que quiera, faltaría más, pero al menos que opine sobre lo que pasó.
Ahora se habla del «decreto Maricarmen». A día de hoy, 27 de septiembre, sigue siendo una propuesta en negociación, con la intención del Gobierno de llevar medidas al Consejo de Ministros del martes 29. Los sindicatos de inquilinos e inquilinas alientan un » 15 de mayo» en la Puerta del Sol madrileña, piden frenar desahucios, prolongar contratos, congelar las actualizaciones de las rentas y regular los alquileres temporales y por habitaciones. Habrá que conocer el texto que finalmente salga. De momento, tenemos urgencia, declaraciones y una mujer cuyo nombre sirve para bautizar lo que la política no supo resolver a tiempo, y como somos mu7y dados a titular pues eso, » decreto Maricarmen». Y que quede claro: me parece bien que la indignación empuje. Lo preocupante es que haga falta llegar hasta aquí.
Tampoco me convence esa costumbre de despachar cualquier sufrimiento con un «es lo que dice la ley». Claro que las sentencias se cumplen. Pero quienes gobiernan tienen obligaciones antes de que llegue el día del lanzamiento. Tendrán que explicar qué hicieron, qué recursos movilizaron y por qué no bastó. Echarse las culpas unos a otros ya no cuela. Y es que una resolución judicial no les expide un certificado de buena gestión.
Y hay algo más que quisiera decir, aunque estropee la comodidad de algunas consignas: tener una vivienda alquilada no convierte a nadie en un desalmado.
Pensemos en quien la compró pagando letras durante treinta años y completa con ella una pensión modesta. O en quien necesita recuperarla para un hijo. Si el inquilino atraviesa una situación desesperada, habrá que ayudarle, cargar indefinidamente esa ayuda sobre otro ciudadano es una forma bastante cómoda de hacer política social desde un despacho. La solidaridad pública se paga entre todos. También entre quienes la anuncian.
Una empresa con numerosos inmuebles dispone de un margen que ese pequeño propietario no tiene. Las medidas deberían atender a esa diferencia. Una de las fórmulas que se negocian contempla mantener la suspensión para personas vulnerables sin alternativa y que la Administración asuma los gastos a partir del cuarto mes. Puede ser un camino. Me gustaría saber cuánto tardaría en cobrar el afectado. Esa pregunta suele resultar menos lucida en una rueda de prensa.
El Gobierno asegura que el decreto rechazado habría evitado el desahucio de Maricarmen. El PP lo niega por las particularidades de su contrato, anterior a la ley de 1994. PP, Vox y Junts votaron contra el decreto de febrero, que quedó derogado; eso está acreditado. Que aquella norma hubiera protegido automáticamente este caso concreto es otra cuestión, discutida, que necesita una explicación jurídica seria.
No pienso dar por cierta una afirmación porque la haga un ministro ni descartarla porque la niegue la oposición. Para eso está el periodismo: para tomarse la molestia de comprobar.
Lo que sí sabemos es que el problema desborda este portal de Madrid. Según el INE, el precio de compra de la vivienda libre subió un 12,2 % interanual en el segundo trimestre de 2026. En Extremadura, un 12,8 %. Hablamos de compraventa, no de alquiler. Pero conviene tener presentes esas cifras cuando aquí, en Cáceres, nos consolamos pensando que las barbaridades de la vivienda son cosa de las grandes capitales. Y no. Dense una vuelta por ahí, consulten y ya verán.
Que alguien haga las cuentas con un sueldo corriente. La entrada, la hipoteca, los gastos. Y que después le explique a un joven, mirándolo a la cara, que lo suyo se arregla esforzándose un poco más. Hay consejos que solo se dan porque salen gratis.
A quienes lo fían todo a construir les preguntaría para qué bolsillos. A quienes lo fían todo a prohibir, dónde va a vivir la gente mientras tanto. Y a todas las administraciones, cuántas viviendas pueden ofrecer, cuándo y con qué presupuesto. Me interesan bastante más esas respuestas que otra bronca parlamentaria, tan hortera, tan desagradable, tan ineficaz.
Ojalá el llamado «decreto Maricarmen» sirva. Lo apoyaré por lo que consiga y lo criticaré por lo que deje sin resolver. Sin necesidad de pedir permiso a ninguna familia política. Pero me gustaría que, cuando bajen las cámaras y aparezca otro asunto que nos entretenga, alguien siga ocupándose de esta mujer. Y de las otras personas que no han tenido un país entero mirando su puerta.
Otro día hablamos de los fondos buitres, de los especuladores y de los intereses políticos basados en la búsqueda de votos para mantenerse » en el machito «.
En fin, al final, menudo escándalo hemos hecho de algo tan sencillo.
