Navarro ha recordado que en octubre de 2014 Junta y agentes sociales firmaron la Estrategia de Industrialización, refrendada en diciembre de ese año por unanimidad de los grupos en la Asamblea.
Tras el cambio de gobierno, el Ejecutivo socialista firmó en octubre de 2015 una declaración para la concertación social, que incluía «el compromiso de actualizar la estrategia, no se trataba de hacer una nueva», un compromiso que está «en vías de cumplimiento» y en estado «muy avanzado».
De este modo, Navarro ha afeado al PP su «representación de falsa víctima como agraviados por un supuesto cambio total» en todo lo que hicieron ya que, aunque «se han cambiado muchas políticas», en ciertas materias «se ha dado continuidad a algunas de las líneas de trabajo» de los populares, que entienden funcionan bien.
Una cuestión que, a su juicio, no hizo el PP al llegar al Gobierno pues «ignoró» las medidas implantadas por los socialistas.
Según Navarro, la Junta «sigue considerando que el crecimiento del sector industrial es clave para la economía extremeña», por lo que trabaja en la estrategia, a la que incorporará «nuevas medidas» y se «revisarán algunos aspectos» en materia de competencias.
El consejero ha mencionado actuaciones como la regulación de la figura de proyecto estratégico, y de la oficina y comisión de seguimiento de grandes proyectos.
También ha señalado la agilización administrativa de proyectos singulares para facilitar su puesta en marcha y estudios sectoriales para atraer inversiones que completen la cadena de valor de productos que ya existen en la comunidad.
Convenios con entidades financieras para facilitar financiación, mejoras en las condiciones del uso de suelo industrial, exención de determinadas tasas para actividades industriales, eficiencia energética, infraestructuras logísticas y fomento de la industria conectada e industria 4.0 son otras de las medidas.
Igualmente, ha declarado que en dos últimos años se han aprobado 278 proyectos industriales de incentivos no agroindustriales, con una inversión subvencionable de 53 millones y aprobada de 13; y que se han presentado 500 solicitudes a la convocatoria de incentivos agroindustriales, con una inversión prevista de unos 100 millones.
En su intervención, el diputado del Grupo Parlamentario Popular, José Antonio Echávarri, ha afirmado que si las medidas de la estrategia se estuviesen desarrollando, «hoy sería una realidad» una de las grandes inversiones en Extremadura, la azucarera en Mérida.
Navarro le ha recriminado sus afirmaciones «pueriles» y cree que al referirse a este proyecto, cuyo promotor dice que «en 2018» tomará una decisión, está «entorpeciendo y mucho».
También se han colado en el debate las infraestructuras ferroviarias, con cruce de acusaciones entre PP y PSOE, aunque ambos coinciden en que éstas son fundamentales para el desarrollo industrial, el crecimiento económico y creación de empleo.
Para el parlamentario del PP, la Junta no está haciendo «nada» en materia industrial y entiende que «ya ha tenido tiempo de actualizar la estrategia» consensuada que le «dejaron hecha» y de la que ha destacado sus bondades.
Por su parte, el diputado de Podemos, Eugenio Romero, ha incidido en «el déficit en industria de transformación que lleva décadas impidiendo la generación de valor añadido» en Extremadura, el cual se queda en otras comunidades y ha puesto como ejemplo el sector del corcho.
Romero ha lamentado que no se hayan cumplido los compromisos recogidos en la estrategia en cuanto a creación de empleo, de empresas y crecimiento de producción industrial, y cree que este tipo de planes al final se quedan «en promesas y titulares», y sus medidas «no han tenido reflejo en los presupuestos».
Por parte del Grupo Socialista, Andrés Moriano Saavedra ha destacado que «honra» al consejero mantener las políticas que pueden ser positivas para los extremeños pues es una muestra de su «lealtad institucional y defensa del interés común».
