El consejero ha hecho estas declaraciones en su comparecencia en el pleno de la Asamblea para abordar los perjuicios que esta nueva subasta, que se celebrará el 17 de mayo, tendrá para la región ante las reglas anunciadas por el Gobierno nacional, que priman la eólica frente a la fotovoltaica, con mayor presencia en la región.
Según ha dicho, actualmente en Extremadura hay proyectos de instalaciones fotovoltaicas en condiciones de producir 2.000 de los 3.000 megavatios que saldrán a su subasta, aunque no todas podrán optar porque se exige un aval «que no está alcance de todos».
En concreto, ha señalado que uno de los últimos proyectos que han llegado a la Junta produciría 500 megavatios, lo que supondría una inversión de 500 millones de euros, además de los cientos de puestos de trabajo e impuestos locales que generaría y que se corre el riesgo de perder «por culpa de Rajoy».
Navarro, que ha detallado que cuando pidió la comparecencia tenía «temores» respecto a la subasta, con la que está de acuerdo, ha indicado que ahora son ya «amenazas» por las reglas que contiene, y considera que hubiera sido necesario un proceso de planificación con dialogo y ha demandando un gran pacto nacional de la energía.
Para el consejero extremeño, en esta subasta no se tienen en cuenta las características de los diferentes tipos de renovables, no se priman los proyectos avanzados de las meras declaraciones de intenciones, ni se incentivan a los pequeños proyectos, lo que deja a las empresas locales fuera.
Navarro, que ha recordado que se han presentado alegaciones y que la patronal del sector ya ha anunciado que recurrirá la subasta, ha aseverado, no obstante, que la oportunidad única que Extremadura tiene con las renovables no la impedirá esta subasta «pero sí la va a retrasar» y ha abogado por seguir peleando».
Por su parte, el portavoz del PP, Francisco Ramírez, Francisco Ramírez, ha criticado que la Junta aproveche cualquier ocasión «para atizar» al Gobierno de España, y que no se reconozca que durante la etapa de José Antonio Monago se presentaron cinco recursos contra normativas que afectaban al desarrollo de las renovables, unos recursos que el consejero ha calificado de «inútiles».
Además, le ha recriminado que pida la ayuda del Gobierno, pero no cumpla con sus competencias y ha citado, como ejemplo, que el grado de ejecución de las inversiones previstas en materia de apoyo a estas energías en 2016 ha sido del «cero por ciento», un dato que ha rechazado el consejero.
En cuanto a Podemos, su portavoz, Eugenio Romero, ha coincidido con algunos planteamientos del consejero, pero ha asegurado que las acciones del Gobierno de España en materia de energía renovables «se encaminan a poner alfombra roja solo para las grandes empresas», lo que perpetuará el oligopolio y el enriquecimiento de unos pocos.
«Nos dirigimos a un modelo de energía renovable que tiene poco de energía verde y menos de circular», ha dicho.
Por su parte, el portavoz socialista, Andrés Moriano, considera que «lo mejor que pudiera pasar seria la paralización de la subasta» y ha puesto en duda que el PP extremeño «diera toda la batalla» durante su etapa de gobierno en defensa del sector.
