Ratificada la condena de la exalcaldesa de Guijo por comprar votos

La Audiencia Provincial de Cáceres ha ratificado la sentencia de un año y diez meses de prisión para la exalcaldesa de Guijo de Coria, Cristina Vicente (PP), por ofrecer votos a cambio de puestos de trabajo en las elecciones autonómicas y municipales de 2011.

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La Sala  ratifica además el fallo del Juzgado de lo penal número 1 de Plasencia en el sentido de que la exalcaldesa sea inhabilitada para empleo y cargo público por dos años y un día.

De esta forma, la Audiencia da por válidos los hechos probados que indican que Vicente “movida por el propósito de obtener votos ofreció personalmente a un trabajador del ayuntamiento continuar con su trabajo a cambio de que tanto él como su esposa votaran al Partido Popular”.

De igual forma, en fechas previas a la celebración de las elecciones municipales y autonómicas de 22 de mayo de 2011, prometió a otra persona “contratar a su entonces pareja sentimental a cambio de su voto y el de su madre”.

Asimismo, se señala que “para garantizar la efectividad de su propósito”, Vicente instó a estas dos personas a que los votos fueran por correo para asegurarse de recibía los votos, pues las papeletas debían introducirse en el sobre en su presencia”.

La exalcaldesa recurrió la sentencia pero la Audiencia señala que “da credibilidad a la versión de las víctimas porque existen otras pruebas que corroboran que los hechos ocurrieron tal y como ellas indican”.

En el primer caso existe una grabación que efectuó el propio trabajador cuando aceptó el ofrecimiento.

La versión la confirma un concejal del ayuntamiento, que cuenta cómo la alcaldesa le dijo lo que había ofrecido a este trabajador.

El fallo es firme y contra el mismo no cabe recurso.

Cabe recordar que la alcaldesa del PP en Guijo de Coria ofreció personalmente a un trabajador del Consistorio el seguir en su cargo si él y su esposa votaban por el Partido Popular.

Lo mismo hizo con otro trabajador, al que le ofreció contratar a su pareja sentimental a cambio de su voto y el de su madre.  Finalmente, después de las elecciones esta persona pasó a trabajar como peón de limpieza.

La alcaldesa se aseguró de que sus negociados funcionaban a base de obligar a los trabajadores a votar por correo delante de ella, “lo que le permitía a la acusada asegurarse de que recibía los votos pues las papeletas debían introducirse en el sobre en su presencia”.
Fue el candidato socialista, Iván Álvarez Alonso, quien denunció la compra de voto, aunque la Fiscalía sólo acusó a la regidora de delito electoral por el segundo caso, aunque la condena haya sido por los dos casos.

En 2011, tras los hechos, el Partido Popular ganó las elecciones por 131 votos (4 concejales) a 91 (1 concejal para el PSOE). Y la alcaldesa siempre ha acusado al PSOE de organizar “un complot en su contra” para echarla del cargo que lleva ocupando nueve años seguidos. El último año, como independiente, después de que el PP le suspendiese de militancia en 2015.

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