La Seguridad Social será uno de los principales lastres para la economía española durante los próximos años. Es una cuestión que asume el Gobierno en el establecimiento de la senda de déficit para esta legislatura y, sin embargo, la solución para su sostenibilidad financiera parece lejos de encontrar arreglo con un desfase entre ingresos y gastos que alcanza cada año los 18.000 millones de euros, el 1,5% del PIB de media. Tan colosal es el reto de equilibrar las cuentas del organismo encargado de pagar las pensiones en nuestro país que España necesitaría crece durante los próximos diez años a un ritmo del 5,51%, es decir, a un nivel similar al avance económico de China durante una década.
Cabe recordar que según la proyección de déficit público para los próximos años aprobada en Consejo de Ministros la pasada semana, las pensiones supondrán para 2023 el 90% del déficit de todas las administraciones públicas y sin embargo, parece que la ruta de gasto asumida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez vinculando la revalorización de las pagas conforme al IPC no frenará la brecha que el Sistema tiene entre ingresos y gastos. Lejos de ello, cálculos del Instituto de Actuarios apuntan que de mantenerse esta tendencia, en el año 2050 el déficit del sistema escalaría hasta el 5% del PIB, unos 60.000 millones de euros.
En este punto entra en juego el factor crucial para el desempeño de los ingresos por cotizaciones sociales: el volumen de afiliaciones a la Seguridad Social. El incremento del empleo y por ende de los ingresos para afrontar el pago de las pensiones es uno de los principales ejes de acción anunciados por el actual Ejecutivo de coalición de PSOE y Unidas Podemos y uno de los propósitos fijados por el nuevo ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, de cara a su objetivo de cerrar el agujero financiero durante la presente legislatura. Si bien, en base a los cálculos del profesor Devesa, esto supone una quimera: en la actual coyuntura el mercado de trabajo español necesitaría generar 3,4 millones de empleos nuevos. Una cifra que implicaría de facto llegar a pleno empleo en España y deja casi en cero la actual tasa de paro del 13,7%.
Sin embargo, esta vía tampoco es la más fiable a tenor del fatigoso comportamiento del mercado laboral en el último año mostrado en el pasado ejercicio y en el primer mes de 2020, cuando el número de parados registrados subió en 90.248 personas en relación con el mes anterior -aumento ligeramente superior al de 2019 (cuando hubo 83.464 parados más)- siendo el peor dato de paro en este mes desde 2014 (cuando aumentó en algo más de 113.000 personas).
Además, en palabras de la propia ministra de Economía, Nadia Calviño, afirmó la pasada semana que el Gobierno prevé la creación de más de 1,2 millones de puestos de trabajo entre el año pasado y el ejercicio 2023. Esto se traduce en una media de 240.000 nuevos puestos de trabajo, la mitad de los que se generaban durante la última legislatura de Mariano Rajoy.
Ante este escenario, y en previsión de que no sea más favorable debido al progresivo envejecimiento de la población y la merma del número de personas pertenecientes a la población activa, una de las vías para dar aire a la Tesorería de la Seguridad Social es la incorporación al mercado de trabajo de población inmigrante. Sin embargo, son numerosos los expertos que apuntan la necesidad de que esta eventual llegada de personas debería ser ordenada y centrada en perfiles cualificados para que su aportación a las cotizaciones no implique un nuevo desequilibrio. Recuerda Devesa que la incorporación de inmigrantes al mercado de trabajo y al sistema implica de igual manera el establecimiento de compromisos de pensión y prestaciones sociales.
