La portavoz del Grupo Parlamentario Popular (GPP), Cristina Teniente ha afirmado que la creación de una comisión de investigación sobre las responsabilidades derivadas de la condena por prevaricación y malversación al ex gerente del Festival de Teatro de Mérida es una cuestión de la “dignidad de un gobierno” que tiene que “dar la cara”. Asimismo, ha explicado que esta comisión no sólo es importante para determinar responsabilidades políticas, sino para decirle a la sociedad que no va a volver a pasar “nunca más”.
Cristina Teniente ha subrayado que si existe voluntad de cambiar las cosas y llegar al fondo de la cuestión, el PSOE no puede votar en contra. Para el Grupo Popular es preciso determinar las responsabilidades políticas que hay detrás de las responsabilidades penales que se han demostrado en los tribunales. La portavoz del GPP ha preguntado a los socialistas si creen que detrás de tal designación y del mantenimiento de las irregularidades conocidas no hay más responsabilidades.
Así, para el GPP, es necesaria una comisión de investigación en el seno de la Asamblea con la vista puesta en el futuro, porque es prioritario esclarecer qué mecanismos han fallado y cuáles se han de corregir dentro de la Administración, habida cuenta de que, durante décadas, se ha estado mirando a otro lado ante no pocas advertencias de la Intervención General, el Tribunal de Cuentas o la AEAT. Teniente ha manifestado que decir no a esta comisión de investigación sería decir que da igual que se cometan delitos “porque no pasa nada”
PROPUESTA CONTRA EL SABLAZO FISCAL
Por otro lado, Cristina Teniente ha anunciado que el GPP defenderá una propuestas de impulso para rechazar el sablazo fiscal consistente en el establecimiento y la subida de los impuestos contenidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado a Bruselas, y, especialmente, contra la subida de las cotizaciones de los autónomos. “Vamos a llamar las cosas por su nombre. El PSOE tiene preparado el mayor sablazo fiscal de la historia de España”.
Para el GPP, el sablazo va a llegar a todos, especialmente a las clases medias y bajas. Teniente ha afeado a los socialistas que vayan a subir todos los impuestos y a crear nuevas figuras mientras Portugal elimina el impuestos de sociedades a los sectores perjudicados, Italia reduce los impuestos que gravan al trabajo, Francia exime de impuestos a las empresas, Grecia suprime el IVA y Reino Unido lo reduce en los productos de alimentación. “Esto no es modernizar el sistema fiscal, sino un atraco a mano armada”.
Por otra parte, Teniente ha avanzado que los ‘populares’ impulsarán una propuesta para instar al gobierno de la Junta a dotar de los medios y recursos humanos al hospital de Llerena, abrir de manera inmediata la Unidad de Cuidados Críticos y reforzar las guardias localizadas en las áreas de cardiología, traumatología y cuantas sean necesarias. Teniente ha manifestado que se están desmantelando servicios y no se puede desmantelar un hospital para llevar servicios a otros, sino que hay que hay que dotar todos con las mismas garantías.
PREGUNTAS DE CONTROL
En el turno de control al Ejecutivo de Vara el Grupo Popular preguntará por el último anuncio del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, sobre su Plan contra la Despoblación y el Reto Demográfico; un anuncio que viene a ser el mismo que se ha venido repitiendo en diferentes formatos y eventos, y que se conoció ya en el mes de marzo, cuando se dio una cifra de 10.000 millones de euros que ahora se ha convertido en 130 páginas de filosofía, pero vacías de presupuestos y acciones concretas.
Además, el GPP preguntará qué motivos tiene la Junta para discriminar a los veterinarios en la vacunación contra el COVID-19. Y es que han sido los propios colegios y los profesionales los que han tenido que denunciar la situación y dar la voz de alarma. Desde marzo vienen reclamando que se les inmunice frente al coronavirus, como han hecho la práctica totalidad de las CCAA. Por último, el GPP preguntará por el “expolio a Extremadura” en la distribución de las ayudas REACT-EU, de las que que Cataluña ha recibido casi el 50% de los 3.000 millones de fondos europeos que el Gobierno ha repartido entre nueve CCAA.
