Se prohíben los despidos por el aumento de los costes energéticos y se limita la subida del alquiler
El Gobierno ha detallado este martes el plan nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra, dotado con 16.000 millones de euros, que se destinan a ayudas y rebajas fiscales que pretenden paliar la crisis por la escalada de precios de la energía. En la batería de medidas destacan la prohibición de despidos por causas relacionadas con esta crisis, el límite a la subida del alquiler, el control de los beneficios caídos del cielo, la rebaja de los carburantes y la prórroga de la rebaja impositiva en la factura de la luz.
El plan de choque contiene cinco ejes: medidas para ayudar a las familias, trabajadores y personas desplazadas; para apoyar el tejido económico y empresarial; en materia de transportes; en materia de ciberseguridad y en materia de energía. Con estas propuestas, el Gobierno espera «proteger a los sectores y ciudadanos más afectados, repartir de forma justa los efectos de la guerra y preservar al máximo la senda de crecimiento y creación de empleo». El plan movilizará 16.000 millones de euros, con 6.000 millones de euros en ayudas y rebajas fiscales y 10.000 millones en créditos ICO.
Ayudas a familias y trabajadores
– Rebaja de 0,20 euros por litro de combustible repostado, entre ellos, gasóleo, gasolina, gas y adblue. El impacto presupuestario de esta medida asciende a 1.423 millones de euros. Los suministradores de carburantes y combustibles podrán solicitar mensualmente la devolución de los descuentos que implica esta bonificación y también tendrán la posibilidad de pedir un adelanto a la Agencia Tributaria.
– El aumento de los costes energéticos no podrá constituir causa objetiva de despido hasta el 30 de junio de 2022. El incumplimiento de esta obligación conllevará el reintegro de la ayuda recibida. Asimismo, no podrán utilizar estas causas para realizar despidos las empresas que se acojan a ERTE por causas relacionadas con la invasión de Ucrania y que se beneficien de apoyo público.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha recordado a los empresarios que el despido es innecesario porque pueden acogerse al mecanismo de los ERTE. «En las crisis, cuando hay mecanismos de protección social, como es el caso de nuestro país, no hay que despedir», ha dicho.
– Limitación extraordinaria de la actualización anual del alquiler de la vivienda habitual, impidiendo subidas superiores al 2%. Dicha limitación, vigente hasta el próximo 30 de junio, atiende a la necesidad de que la evolución del IPC por la guerra no se traslade al precio del alquiler.
El inquilino tendrá la posibilidad de negociar con el arrendador el incremento que se aplicará en esa actualización anual de la renta. En ausencia de pacto, la renta no podrá actualizarse por encima de la variación experimentada por el Índice de Garantía de Competitividad (IGC), situado actualmente en el 2%.
En el caso de que el arrendador sea un gran tenedor (titular de más de diez inmuebles urbanos de uso residencial o una superficie construida de más de 1.500 m2 de uso residencial), el pacto a alcanzar entre propietario e inquilino no podrá suponer un incremento superior a la variación anual del IGC. Así, para un contrato de alquiler de vivienda de 600 euros, la aplicación de la nueva medida podría suponer un ahorro de más de 33 euros mensuales.
– Los receptores del ingreso mínimo vital tendrán un incremento del 15% en las mensualidades de abril, mayo y junio de 2022. Este incremento también será de aplicación, en los mismos términos, a las solicitudes de esta prestación que hayan sido presentadas a la fecha de la entrada en vigor del Real Decreto-ley, pero no hayan sido resueltas, así como a aquellas que se presenten con posterioridad, siempre que los efectos de su reconocimiento no sean posteriores a 1 de junio de 2022.
El incremento se efectuará sobre el conjunto de la nómina, es decir, incluyendo el complemento de ayuda a la infancia, vigente desde el 1 de enero y que establece una ayuda de 100 euros por hijo menor de 3 años, 70 euros para menores entre 3 y 6 años y 50 euros por niño menor entre 6 y 18 años, para los hogares que lo perciben.
– Ampliación del bono social eléctrico a 600.000 familias, por lo que beneficiará a 1,9 millones de hogares, al incluir a los perceptores del ingreso mínimo vital. La norma contempla la renovación automática del bono social. Los descuentos del 60% y el 70% para los consumidores vulnerables y los vulnerables severos se mantendrán hasta el 30 de junio.
– Se mantienen las rebajas fiscales en el recibo de la luz hasta el 30 de junio: reducción del IVA al 10%, del Impuesto de la Electricidad al 0,5% y suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica. Se prorroga también el límite al crecimiento de la tarifa de gas (TUR) para hogares y pymes en las próximas revisiones.
Medidas en materia de energía:
– España y Portugal presentarán a la Comisión Europea una medida excepcional y temporal de fijación de un precio de referencia del gas para la producción de electricidad
– Actualización del régimen retributivo específico de la producción de electricidad a partir de renovables
– Se extiende hasta el 30 de junio el mecanismo para reducir el exceso de beneficios en el mercado eléctrico
– Otras medidas regulatorias para fomentar y acelerar el despliegue de renovables
Medidas para el sector del transporte
– Inyección de más de 1.000 millones de euros, incluyendo la bonificación al precio del combustible que supera los 600 millones para el sector.
– Línea de ayudas directas de 450 millones, que supondrán ayudas de 1.250 euros por camión, 900 por autobús, 500 por furgonetas y ambulancias, y 300 por vehículo ligero (taxis y VTC); y un crédito extraordinario para duplicar las cuantías destinadas a las ayudas al abandono de la profesión de transportista, que permitirá que un mayor número de autónomos de elevada edad pueda afrontar el abandono de la actividad con mayores recursos. Asimismo, se materializa la devolución mensual del gasóleo profesional, uno de los compromisos también adoptados la semana pasada.
– Compromiso de aprobar una ley para que los transportistas trabajen con precios justos
Medidas de apoyo al tejido empresarial:
– Nueva línea de avales de créditos ICO por valor de 10.000 millones
– Ayudas para los sectores más afectados: agricultura, ganadería, pesca, industria, exportaciones y cultura. . A la industria gran consumidora de energía se dirigirán 500 millones
– Se extiende el plazo de vencimiento de los préstamos avalados por el ICO y el plazo de carencia para los sectores más afectados
Los autónomos y pymes pertenecientes a los sectores agrícola, ganadero, pesquero y de transporte por carretera, especialmente afectados por el incremento de los costes energéticos, podrán solicitar una ampliación de seis meses del plazo de carencia o mediante una carencia adicional.
Medidas sobre ciberseguridad:
– Plan Nacional de Ciberseguridad, dotado con más de 1.000 millones de euros
– Nuevo Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la Administración General del Estado
– Fortalecimiento de la seguridad de las nuevas redes de comunicaciones electrónicas 5G
