La supresión del teletrabajo por parte de Justicia enfada a LAJs y funcionarios, pero satisface a abogados y procuradores
La circular firmada por el secretario general de Justicia, Manuel Olmedo, recibida el pasado viernes a última hora de la mañana, y donde se señala la vuelta a la normalidad y la obligación de la presencialidad de LAJs y funcionarios de justicia ha vuelto a generar un nuevo problema entre el Ministerio y estos operadores jurídicos.
Según los sindicatos, “la justificación jurídica que utiliza el Ministerio en la circular que se adjunta (‘por la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19’) es absolutamente irrisoria teniendo en cuenta que hace más de dos años que finalizó la aplicación, con carácter general, de las medidas COVID.
En cualquier caso, desde las organizaciones sindicales, que esta vez han emitido comunicados por separado sobre esta reivindicación y no conjuntos como con la huelga que pusieron en marcha para lograr mejoras salariales, “demandamos al Ministerio que actúe con urgencia, como no lo ha hecho hasta ahora, y hasta que esta nueva regulación no esté en vigor, dé marcha atrás en esa circular y no elimine el teletrabajo en su ámbito territorial”, apunta Luis Calero, secretario general de Justicia de CCOO.
Asimismo, exigen que lo garantice en condiciones de igualdad para todo el personal, pues algunas de las comunidades autónomas con competencias transferidas -que también estarían obligadas por esta resolución- ya han anunciado que no la van a poner en práctica de forma tan inminente, como son los casos de Comunidad Valenciana y Aragón y otras incluso tienen recientes acuerdos en sus ámbitos por los que prorrogaron el teletrabajo hasta mediados del 2024, lo que también provocaría una desigualdad entre el personal de la Administración de Justicia de todos los territorios.
Por su parte, los letrados de la Administración de Justicia (LAJs), a través de sus tres asociaciones, Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia CJLAJ; Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ) y la Union Progresista de Letrados de la Administración de Justicia, han vuelto a hacer frente común contra el Ministerio y exigen una regulación urgente del teletrabajo.
Desde su punto de vista, que recoge el sentir del colectivo, “Justicia debe regular el teletrabajo, tanto la forma de ejercerlo como quién lo puede utilizar y en qué situaciones. Sabemos que hay comunidades autónomas que van a secundar la circular de Olmedo, pero otras no. Por medio hay mucho dinero gastado en equipos informáticos que veremos dónde acaban ahora.
Los jueces creen que debe regularse
En el caso de los jueces y fiscales, advierten que su trabajo ha estado la mayor parte del tiempo unido a la presencialidad. En cuanto a los fiscales, Cristina Dexeus, presidenta de Asociación de Fiscales recuerda que el colectivo no tenía derecho a realizar este teletrabajo. En el caso de los jueces, su tiempo mayoritario fue la presencialidad, aunque impulsaron los juicios y audiencias telemáticas en mitad de la pandemia, otra de las medidas a la que Justicia ha dado carpetazo.
Los abogados, partidarios de la presencialidad
Jesús Sánchez, decano del Colegio de la Abogacía de Barcelona, entidad que programó diferentes actividades formativas en materia de webinar en lo más duro de la pandemia, cree que es positivo que se vuelva a la presencialidad porque la pandemia del Covid 19 se ha superado. “Ya necesitábamos tener esta circular del Ministerio de Justicia que marque la pauta. Hasta ahora cuando ibas a las comisiones mixtas de los TSJ te decían que no podían hacer nada para revertir la situación, estando en vigor como han estado hasta el pasado mes de julio las medidas anti Covid”.
Para este letrado defensor de la presencialidad, “en los últimos meses se ha ido volviendo de forma progresiva a la normalidad en los órganos judiciales en todos los órdenes. Era importante contar con esta circular del secretario general Manuel Olmedo, que consideramos muy acertada. Volver a la normalidad es imprescindible para el buen funcionamiento de los órganos judiciales. Hay que valorar de forma notable esta decisión”.
Para Virginia de la Cruz, abogada con despacho propio y presidenta de ALTODO, “por lo que sabemos, la circular que manda el Ministerio de Justicia es un recordatorio para indicar a los funcionarios y LAJs que el teletrabajo se acabó en julio y que deben volver a sus puestos de trabajo. En nuestro caso, como usuarios de los juzgados en algunas ocasiones hemos tenido problemas porque los profesionales teletrabajaban y no nos podían atender. De todas formas, si el teletrabajo se organiza de forma adecuada en los juzgados no nos tendría que afectar en nuestra relación con los órganos judiciales”.
A su juicio, “es fundamental que te garanticen que te van a atender. Ahora en algunos juzgados han empezado con la cita previa. Creo que no es lógico que se implante porque es un servicio público esencial. Deben atender a abogados como a procuradores, como también al ciudadano que quiere conocer el estado de su asunto. No se puede perder tiempo con las citas previas y en muchos casos necesitamos esa información para algún plazo que está a punto de concluir”.
Esta letrada reconoce que con la pandemia se hizo un esfuerzo importante por hacer las actuaciones telemáticas. “Se trataba de evitar los contagios y el esfuerzo era importante. Si ahora algunos LAJs y funcionarios quieren seguir manteniendo ese régimen de teletrabajo hay que hacerlo respetando nuestros derechos como profesionales y las de nuestros clientes, que deben estar atendidos. En aquellos momentos salíamos poco de casa y nos movíamos por videollamadas o zooms para preservar nuestra salud”.
Respecto al Turno de Oficio, reconoce que “se han hecho más juicios y actuaciones telemáticas, pero, no tanto por los contagios que puede haber como porque puede haber coincidencia de señalamientos. En ese caso, te dan la oportunidad de si coinciden dos hacer uno telemático, siempre que no perjudique a nuestros clientes”. A nivel general recuerda que el uso de Lexnet implantado poco antes de la pandemia ha ayudado a que se manden las actuaciones por correo electrónico.
En el caso de los procuradores, este colectivo sigue de alguna forma las tesis de los abogados. Roberto Granizo socio responsable de Granizo Procuradores, afirma que en la capital de España cree que la situación de los juzgados es insostenible. “Hay demandas presentadas en agosto que no se han dado trámite. Creo que ahora con todos los profesionales en el juzgado podrán trabajar más y mejor. Hay clientes que nos dicen que pongamos quejas en el Consejo General del Poder Judicial por el mal funcionamiento de algunos de estos juzgados”.
