CCOO de Extremadura ha presentado un escrito a la Consejera de Educación y Cultura para pedir la inmediata convocatoria de la Mesa Sectorial de Educación, órgano donde la Administración y los sindicatos deben negociar las materias que afectan a las condiciones laborales de los profesionales de la enseñanza.
En
los últimos meses, la Federación de Enseñanza de CCOO de Extremadura ha
insistido en varias ocasiones en la necesidad de cumplir con los dictados del
Estatuto Básico del Empleado Público, que obliga a las administraciones al
diálogo social en las cuestiones que afectan directamente a los trabajadores.
Sin
embargo, añade el sindicato, la reforma educativa LOMCE, implantada a golpe de
decreto desde el Gobierno central, está sumiendo a la Administración extremeña
en un estrés organizativo por la urgencia de legislar para tener el próximo
curso escolar las nuevas enseñanzas implantadas. Especialmente hay que
referirse a la Educación Primaria y de la Formación Profesional Básica.
Para
CCOO, “estas prisas no traen más que dispersión e incumplimiento de la
negociación colectiva”.
Dispersión,
añaden, ¡ porque, en el caso de la FP Básica por ejemplo, se ha empezado la
casa por el tejado, esto es, se están llevando a distintos órganos de debate
los textos de los currículos de los nuevos títulos profesionales básicos que se
quieren implantar, pero en ningún momento se ha planteado la necesidad de una
regulación marco que aborde la adaptación a nuestra Comunidad de la normativa
estatal sobre estas enseñanzas.
Estos
órganos, como el Consejo Escolar de Extremadura o el Consejo General de la
Formación Profesional, no son ámbitos de negociación colectiva, como sí lo es
la Mesa Sectorial de Educación, donde tienen cabida todas las organizaciones
sindicales representativas del sector.
A
pesar de que hemos puesto todo nuestro empeño en trabajar los proyectos
normativos en base a la redacción de enmiendas, señala el sindicato, los
informes o dictámenes de dichos órganos no son vinculantes para la
Administración y en ningún caso pueden soslayar, ni mucho menos sustituir, la
preceptiva reunión de la mesa sectorial.
Por
otro lado, la urgencia legisladora por la reforma LOMCE se solapa con la
regulación de otras materias de vital importancia para las condiciones
laborales del personal de esta Consejería.
Así
son, por ejemplo, los decretos que regulan el calendario del próximo curso
escolar; la organización y funcionamiento de las actividades formativas
complementarias, tanto en los centros públicos como en los concertados; o
diversos proyectos relativos a la enseñanza de idiomas en nuestra región.
Desde
CCOO se hace así un llamamiento a la buena fe negociadora, publicidad y
transparencia de la que ha de hacer gala nuestra Administración para llevar a
buen puerto una reforma que, por desgracia, no es bienvenida por casi ningún
sector de la comunidad educativa.
