La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía ha señalado que se ha reunido una decena de veces con las organizaciones agrarias para negociar la elaboración de la Ley Agraria de Extremadura, unos encuentros que comenzaron el pasado 11 de marzo y que han servido para que las OPAS aporten sus sugerencias a la normativa.
Por lo tanto, han destacado desde la consejería, la organización agraria UPA-UCE miente cuando afirma que no ha habido negociación con el sector en todo el proceso.
Los dirigentes de esta organización agraria, lejos de defender los réditos de sus asociados, se están dedicando a ser meros transmisores de los intereses del PSOE extremeño, como también están haciendo cuando critican la nueva PAC.
El proceso negociador ha sido siempre transparente, informando puntualmente a las organizaciones agrarias en mesas técnicas y recogiendo la mayor parte de las aportaciones que han presentado. Es falso, por tanto, que sea un proceso caótico y precipitado.
Se trata de una ley que pretende, sobre todo, hacer la vida más fácil a agricultores y ganaderos, ajustando en un solo documento las necesidades de un campo del siglo XXI y derogando un conjunto de normativas obsoletas.
Esta nueva ley contempla, además, la regulación de elecciones al campo, algo de lo que los dirigentes de UPA-UCE no quieren ni oír hablar tras más de 12 años sin comicios en este sector, por lo que insisten en que se trata de un proceso precipitado para una ley extensa y compleja, y es el factor fundamental por la que quieren demorarla.
Las opiniones de estos dirigentes agrarios no coinciden con el resto del sector, ya que las demás organizaciones agrarias consideran que el proceso está siendo el adecuado y que se han atendido la mayoría de sus sugerencias.
Hay que recordar que, además de las organizaciones agrarias, la Consejería ha hecho partícipes de este proceso a grupos parlamentarios, sindicatos y cooperativas, con quienes también ha mantenido reuniones.
En todo caso, como toda ley, debe ser modificada y mejorada en su tramitación parlamentaria.
