CCOO de Extremadura ha exigido a la Administración regional que deje utilizar la salud de sus empleados, y del personal docente en particular, para recortar gastos, y ha denunciado que la Dirección General de Función Pública desprecia las peticiones realizadas por los profesionales del sector, de manera que no sólo no se convoca la comisión creada para estudiar estos casos, sino que ni tan siquiera se responde a los demandantes.
Por ello han instado a la Directora General de Función Pública a que convoque inmediatamente dicha Comisión, que solo se ha reunido una vez desde su creación, y acepte la inclusión en el catálogo de supuestos exentos de las enfermedades propuestas.
Han sido muchos los recortes y limitación de derechos sufridos por los empleados públicos, desde que Rodríguez Zapatero anunciase los primeros en la sesión del Congreso del día 12 de mayo de 2010, señala el sindicato.
Los recortes, añade, no han incidido sólo en el aspecto retributivo, los empleados públicos han visto reducida su capacidad adquisitiva en los últimos cinco años en más de un 12%, y más de un 30% desde principios de los 90. Este año se vuelve a congelar su salario.
“Los empleados públicos, y los servicios públicos, han sufrido además todo tipo de medidas que socavan los derechos de unos y la calidad con la que la que los ciudadanos merecen acceder a los segundos”, destaca.
La Federación de Enseñanza de CCOO de Extremadura ha denunciado nuevamente una de las medidas más injustas con los empleados públicos en general, y con el personal docente en particular.
En el año 2012, el Gobierno decretó que las administraciones públicas no podrían continuar complementando hasta el 100% del sueldo, las prestaciones por enfermedad de sus empleados.
Una medida que buscaba simplemente reducir gastos y que se camuflaba con la pretensión de controlar el absentismo, cuando las estadísticas demuestran que las tasas no se diferencian en mucho del ámbito privado, y que en España no difieren mucho de las de países de nuestro entorno.
“No nos engañemos. Penalizar económicamente a los trabajadores que están enfermos, cuyo médico ha certificado una baja, con una reducción de salario es una de las medidas más injustas, demagógicas y peligrosas que ha tomado este gobierno”, reslata CCOO.
INJUSTAS Y PELIGROSAS
Injusta porque desde la entrada en vigor de esta norma en Extremadura, a finales de 2012, han sido muchísimos los empleados y empleadas públicas que, además de padecer una enfermedad, han visto recortado su ya recortado y congelado salario.
Demagógica porque los empleados públicos, y el personal docente en particular, como cualquier otro colectivo, tienen establecidas las vías administrativas de sanción en caso de cometer cualquier tipo de falta o incumplimiento de su deber. Es por tanto superfluo y demagógico pretender ser “ejemplarizantes” desde la propia administración con quienes no cumplan sus obligaciones.
Peligrosa porque colateralmente, las personas que incluso estando enfermas no pueden soportar el recorte añadido a su sueldo, han optado por seguir acudiendo al trabajo, poniendo en riesgo su salud y la de los demás.
En el ámbito estatal, nuestro gabinete jurídico sigue batallando contra aquella normativa, el Real Decreto 20/2012, en todos los frentes para conseguir su retirada.
En Extremadura CCOO Extremadura ha promovido la ampliación del catálogo de enfermedades que están exentas de penalización salarial, a través de la entrega y recogida de solicitudes que los propios empleados completan y nosotros registramos ante la administración.
Desde abril del año pasado hasta ayer jueves, hemos registrado más de 200 instancias dirigidas a la Directora General de Función Pública, en las que los profesionales de la enseñanza solicitan la inclusión de diversas patologías en el catálogo de enfermedades exentas de penalización.
Entre todas ellas, quieren llamar la atención sobre las de carácter infecto-contagioso, y muy especialmente de la gripe por el riesgo que ello supone, no sólo para los propios docentes, sino para los alumnos y el resto de la sociedad.
