Un total de 9 médicos colegiados de la provincia de Cáceres denunciaron haber sido víctimas de una agresión física o verbal en el ejercicio de su labor asistencial durante 2014. Esta cifra es superior a los datos registrados en 2013 en que se contabilizaron seis episodios.
De las nueve agresiones registradas en las distintas áreas de salud de la provincia, cinco se han presentado en el ámbito de la atención primaria de salud, bien en consultas programadas o en urgencias extrahospitalarias, mientras que cuatro se dieron en hospitales y urgencias hospitalarias. Esta cifra corrobora la tendencia nacional de que el sector público está siendo más castigado que el privado.
El tiempo en ser atendido, las discrepancias en la atención médica o no recetar el medicamento propuesto por el paciente siguen siendo las causas más frecuentes de agresión. Por sexos fueron agredidos un total de siete hombres y dos mujeres.
En cuanto a la tipología del agresor, el 56% era usuario del centro, el 22% de los casos era paciente programado y el 22% paciente no programado y también el 25% paciente no programado. Respecto a la edad, en todos los casos los médicos agredidos estaban en la franja de entre los 36 y 65 años.
En lo que al tipo de agresión respecta, ocho fueron del tipo verbal y una física. Todas presentaron su correspondiente denuncia y fueron llevados a juicio contando con el apoyo del servicio jurídico del Colegio de Médicos de Cáceres.
AUTORIDAD PÚBLICA
Por todo ello desde hace años, el Colegio de Médicos de Cáceres vienen demandando que los médicos sean reconocidos como autoridad pública, un hecho que podría hacerse realidad si definitivamente se aprobase la Propuesta de Ley de Autoridad de Profesionales del Sistema Sanitario Público de Extremadura que convertiría a la comunidad en la tercera del país, tras Aragón y la Comunidad Valenciana, en regular su protección legal ante posibles agresiones físicas y verbales.
«En las agresiones a los profesionales sanitarios debe existir tolerancia cero. Esta sociedad no se puede permitir que bajo ningún pretexto se agreda a los funcionarios en el ejercicio de su actividad profesional, por eso el reconocimiento de autoridad pública al personal sanitario debe de ser exigible para que no queden impunes estas actitudes antisociales» ha asegurado el Secretario General del Colegio, el doctor Evelio Robles Agüero.
El colectivo médico considera fundamental su aprobación y la modificación del Código Penal para que todos los profesionales médicos de cualquier ámbito, sea considerado autoridad pública. Cabe señalar que desde 2010 hasta lo que llevamos de año, Extremadura ha registrado más de 130 agresiones.
Esta norma contempla que al ser reconocidos como autoridad pública, la Administración regional debe poner en conocimiento del Ministerio Fiscal aquellas conductas que estén fuera de la relación médico- paciente y que estén consideradas como delito.
OBSERVATORIO NACIONAL
Los datos de violencia registrados en 2014 por el Observatorio Nacional de Agresiones de la Organización Médica Colegial (OMC), ascienden a 344 casos frente a los 354 del año anterior, lo que supone una disminución del 2,8%. Del estudio, se desprende una cierta equidad en cuanto al porcentaje de agresiones que sufrieron hombres (49%) y mujeres (51%).
En cuanto al ámbito sanitario de ejercicio, sigue siendo el público donde se producen la gran mayoría de este tipo de conductas violentas, con un 87% de los casos, mientras que en el sector privado se han producido el 13%, experimentando este último un ligero aumento respecto al año anterior (11%).
Sobre el ámbito donde se produce la agresión, sigue siendo la Atención Primera la que se lleva la mayor parte (48%), frente a la hospitalaria (16%), las urgencias hospitalarias y extra hospitalarias tienen un porcentaje de un 10% cada una de ellas.
Aumenta el número de agresores familiares del paciente que ha pasado del 25% al 31%. El mayor porcentaje de agresores son pacientes programados, con cita previa, un 36 % que aumentan ligeramente (34%) .
Con estos actos celebrados el día 18 de marzo, la OMC continúa la línea marcada por el Observatorio de concienciación sobre este problema de violencia a las Administraciones públicas.
