El candidato de UPyD a la Presidencia de la Junta de Extremadura, José Francisco Sigüenza, incluye en su programa electoral a las elecciones de mayo una serie de medidas que permitirían ahorrar 250 millones de euros anuales, para «destinarlos a la defensa del Estado de Bienestar, políticas sociales, creación de empleo y defensa de los autónomos y clases medias».
Unas medidas que vienen «cuantificadas y justificadas» en los estudios que durante esta legislatura ha realizado UPyD en Extremadura sobre la administración paralela y fusión de municipios, y que se pueden consultar en su web.
Así, Sigüenza afirma que UPyD «ha estado realizando política esta legislatura», ya que no son «unos recién aterrizados», por lo que en primer lugar proponen «un ahorro de 100 millones de euros anuales mediante la eliminación de la administración paralela, principalmente GPEX, Avante, y una política de cero enchufados y asesores a dedo».
Sigüenza declara que en UPyD cree en los empleados públicos, por lo que propone «una administración pública profesional sin enchufados», así como «una administración en la que los empleados públicos cuando estén de baja cobren el 100% de sus salario».
En una segunda etapa y basándose en el estudio de la fusión de municipios, UPyD calcula que «se puede ahorrar anualmente 150 millones de euros mediante la creación de municipios más fuertes con menos cargos políticos y burocracia y con más recursos para dar mejores servicios, sobre todo a las zonas rurales».
Así, con estos 250 millones UPyD calcula que podrían «recuperar en un año los Puntos de Atención Continuada», así como «dotar de más profesionales a la sanidad y la educación y aplicar un plan de choque urgente de empleo, sobre todo para las personas en riesgo de exclusión social».
También contempla el desarrollar con este dinero un plan de industrialización en la región, así como «Políticas de apoyo y asesoramiento a los autónomos y pymes para que puedan desarrollar sus negocios, así como una bajada de la presión fiscal».
Finalmente, Sigüenza prevé que «en el desarrollo de la legislatura se podrá reducir la deuda pública un 25 por ciento y bajar la presión fiscal considerablemente a la clases medias».
